La iniciativa de propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), incluida en el paquete económico 2026, contempla cambios relevantes en materia de agua y medio ambiente.
Aunque parecen ajustes técnicos, en realidad buscan cerrar huecos legales y garantizar que el pago de derechos se convierta en un instrumento para mejorar la infraestructura hídrica.
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¿Qué se paga actualmente por usar agua?
Todas las personas físicas o morales que usen exploten o aprovechen aguas nacionales (mediante concesión, autorización o permiso) deben cubrir un derecho calculado según la zona de disponibilidad del recurso de donde se extraiga.
Es decir: quien saca agua de ríos, lagos, acuíferos o provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo debe pagar al Estado por cada volumen que usa o extrae.
Exención con “certificado de calidad”
A la fecha, el artículo 224, fracción V de la LFD establece una excepción a esa regla: Si el usuario devuelve el agua a la misma fuente de donde la tomó o a un sitio autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y demuestra con un certificado de calidad del agua que esa descarga cumple con ciertos parámetros, entonces puede quedar exento de pagar el derecho por extracción.
Ese certificado acredita que el agua devuelta a su fuente original, o vertida en un sitio autorizado, cumple con parámetros de calidad determinados. Mientras se acompañe el documento a la declaración anual y se cuenten con medidores instalados, el contribuyente puede evitar el pago.
¿Qué propone la reforma?
La iniciativa plantea eliminar esta exención, ya que según la exposición de motivos este esquema genera distorsiones jurídicas y técnicas, porque:
los parámetros usados para otorgar el certificado no son los mismos que exigen las normas oficiales mexicanas (NOM-001-SEMARNAT-1996 y 2021), que son más estrictas
se mezclan dos obligaciones distintas: el pago por uso de agua y el pago por descarga de aguas residuales
Y es que, en la práctica, algunos usuarios siguen utilizando volúmenes importantes de agua, pero al contar con certificado evitan el pago de derechos, aun cuando no cumplan con los estándares más actualizados de calidad.
Por ello, se propone derogar la fracción V del artículo 224 de la LFD para que todos los usuarios paguen por el agua que extraigan, sin importar si la devuelven tratada o no.
Al eliminarse la exención, también perdería sentido mantener el trámite que la hacía posible. En consecuencia, se plantea derogar el artículo 192-B de la LFD, que establece el cobro por expedir el certificado de calidad del agua.
Nuevas reglas de transparencia en el uso de recursos
Actualmente el artículo 231-A de la LFD permite que una parte de lo recaudado por los derechos de agua sea asignada por Conagua a distintos entes responsables de prestar servicios: gobiernos estatales y municipales, organismos operadores de agua, empresas concesionarias y, en algunos casos, colonias que cuentan con concesión para suministrar agua potable de uso doméstico.
La reforma no eliminaría este esquema, pero sí lo reforzaría con mayores obligaciones. De aprobarse, estos beneficiarios deberán comprobar trimestralmente cómo se aplicaron los recursos y demostrar que se usaron únicamente en infraestructura hídrica; es decir, en obras de agua potable, alcantarillado o tratamiento de aguas residuales.
Si no presentan esa rendición de cuentas, Conagua podrá ordenar que los fondos se reintegren a la Tesorería de la Federación en un plazo de 30 días hábiles. En caso de incumplimiento, el monto se convertirá en un crédito fiscal exigible por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que podrá recuperarlo mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
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¿Qué efectos tendrán estos cambios?
Si el Congreso de la Unión aprueba estas modificaciones, el sistema de derechos de agua será más estricto: nadie podrá librarse del pago por extracción y los recursos deberán comprobarse con mayor transparencia. Sobre el papel, esto podría significar más ingresos para fortalecer la infraestructura hídrica del país y un uso más responsable del recurso.
Sin embargo, la pregunta que queda abierta es si estas medidas realmente se traducirán en mejores servicios y acceso equitativo al agua, o si solo representarán mayores cargas para ciertos sectores sin un beneficio visible para la población.
El verdadero reto será que la propuesta de proteger el agua como un derecho humano no se quede únicamente en el texto de la ley.
