Consecuencias negativas de la aprobación del PEF 2024

El CEESP aseguró que el endeudamiento no es responsable desde las perspectivas económica y jurídica

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 .  (Foto: sparklestroke, Diseño realizado en Canva con diseños de Veii Rehanne Martinez de sparklestroke, Eucalyp de Eucalyp, Twemoji, Macrovector y sketchify de canva, )

El Congreso aprobó el Paquete Económico para 2024 prácticamente sin cambios, en ese sentido, el presupuesto de egresos muestra una trayectoria expansiva, lo que, en palabras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) es un mal legado para el próximo gobierno. Lo responsable políticamente sería facilitarle la transición.

" Con la economía creciendo y las finanzas públicas debilitándose, la política fiscal adecuada no es la expansiva, como es el PEF aprobado, y ello aun sin considerar el gasto que se erogue para atender la emergencia y la reconstrucción en Acapulco y otras localidades", indicó. 

En estas circunstancias, indicó, el próximo gobierno recibirá una situación de finanzas públicas muy débil, con ingresos frágiles, una deuda sustancial cuyos efectos se presentarán más y más con el tiempo, con un gasto elevado y con fuerte inercia y sin márgenes de maniobra.  

Detalló que la aprobación del PEF 2024 por los diputados responde a criterios políticos, seguramente relacionados a las elecciones de ese año, pero adolece de varios problemas y deficiencias, que en su mayoría se habían advertido en este espacio. Principalmente, endeudamiento público demasiado alto, falta de previsiones para atender la emergencia en Acapulco y otras zonas como consecuencia del huracán Otis, ausencia de transparencia en el uso de los recursos públicos y un presupuesto expansivo con riesgos asociados a la dinámica lenta de los ingresos del erario y fuerte aumento de sus gastos.

Al tiempo, apuntó que el endeudamiento no es responsable desde las perspectivas económica y jurídica. El aprobado para el año que viene es equivalente a 5.4% del PIB, la deuda del sector público habrá crecido 59% comparando 2024 con 2018. El costo financiero de la deuda alcanza ya 3.4% del PIB al cierre de este año y equivale a la cuarta parte de la recaudación de impuestos. 

Advirtió que más allá de su nivel y su costo, el endeudamiento público de esta administración habrá superado la inversión pública, lo que contraviene la buena práctica de la política fiscal -que la deuda pública sólo se use para financiar inversión productiva que genere su propio pago-.

¿Cómo se pagarán los daños por el huracán Otis?

El CEESP también aseveró que el PEF no incluye erogaciones para la emergencia y reconstrucción asociadas al huracán Otis. El gobierno ha estimado preliminarmente que el costo del desastre podrá situarse en 61 mmp. Otras agencias lo sitúan en más de 270 mmp.  

Para atender esta necesidad de gasto público por ahora están los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) remanentes de 2023 que alcanzan poco más de 13 mmp, así como su presupuesto para el siguiente año de aproximadamente 18 mmp. Estos recursos son claramente insuficientes.

Al no haber presupuestado más fondos para las necesidades relacionadas con el huracán, sólo quedaría la posibilidad de utilizar excedentes por ingresos petroleros para ello. Se podría contar con el posible excedente de noviembre-diciembre de este año -unos 12 mmp-, así como el de 2024, que podría alcanzar alrededor de 160 mmd, pero que es naturalmente incierto.

Es posible que la suma de los recursos del FONDEN y los ingresos petroleros excedentes sean suficientes para atender las necesidades traídas por el huracán Otis o una parte importante de ellas, pero este proceder no es socialmente responsable por la falta de seguridad, la incertidumbre, de los ingresos petroleros excedentes.

En ese sentido, concluyó que la conveniencia política y electoral del PEF 2024 de asegurar las transferencias directas para los programas sociales y los recursos para completar rápidamente el tren Maya y la refinería de Dos Bocas es entendible, pero no se justifica. Lo responsable socialmente hubiera sido asegurar los fondos para emergencia y reconstrucción en Guerrero y dejar los recursos inciertos para las preferencias político-electorales.

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