La capacidad para castigar a las empresas o personas implicadas en estos documentos, así como la búsqueda de aquellos países que son más vulnerables frente a este tipo de prácticas, es un tema fundamental para los gobiernos, afirmó Jorge Márquez Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM).
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La especialista del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), Violeta Rodríguez del Villar, explicó que en el caso de México se estima que para 2015 el monto de la evasión ascendió a 574,000 millones de pesos, es decir, una tasa general de evasión fiscal de 23%, principalmente por ISR e IVA, que representó una afectación de 3% del PIB, explicó.
Advirtió que la inversión en paraísos fiscales puede tener efectos negativos para la economía en general, en particular cuando se convierte en delito de evasión fiscal, porque reduce la capacidad del gobierno para impulsar el desempeño económico. Además, genera competencia desleal entre empresas y es susceptible de convertirse en un problema más grave porque podría ocultar un esquema de lavado de dinero.
Al respecto, Mario Humberto Hernández López, de la Facultad de Contaduría y Administración, consideró que no se trata de un asunto que implique a países pobres, “sino una puerta que se abre dentro de los mismos instrumentos de la arquitectura institucional de las finanzas globales, aunque organismos como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) han declarado que debe buscarse freno y combatir esa práctica”.
Al captar esos recursos, las naciones destino no invierten en el desarrollo de infraestructura para sus sociedades –por ejemplo–, los beneficios económicos son para las elites financieras, coincidieron.
