Integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos creen que se puede ahorrar hasta 30% del gasto en adquisiciones gubernamentales
La centralización de las compras del gobierno en las autoridades hacendarias generará ahorros y disminuirá la corrupción, pero también puede provocar “cuellos de botella” y frenar el gasto público, debido a las miles de licitaciones que se llevan a cabo cada año, advirtió la contaduría pública organizada.
Integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) destacaron que con la centralización de las compras gubernamentales en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se pueden generar ahorros de hasta 30% del gasto en 2019.
El presidente de la Comisión de Revista del IMCP, Moisés Alcalde Virgen, señaló que además de los ahorros que se generarán por la compactación de estructuras y el redimensionamiento administrativo en materias de compras de gobierno, puede haber beneficios como la disminución de actos de corrupción, siempre y cuando sean procesos transparentes.
LEE: CÓMO DEBE SER LA NUEVA CONVENCIÓN NACIONAL
Sin embargo, acotó, una preocupación latente siempre será la eficiencia con la cual se realizan las licitaciones públicas, pues la centralización hará más complejo este proceso, con lo cual se podría llegar a perder eficiencia y rapidez, y ser vería frenado el gasto público.
Así, uno de los retos de esta centralización de las compras de gobierno ante las miles de licitaciones que se realizan cada año es “que se haga un cuello de botella, de manera tal que no puedan desahogar tan vasto número de licitaciones”, argumentó durante la rueda de prensa mensual del organismo.
Refirió que en diciembre de 2018, el primer mes de la nueva administración, el gasto programable tuvo una caída de 25.3% respecto a igual mes del año pasado, al pasar de 507,743,005 a 397,562,009 millones de pesos.
Alcalde Virgen precisó que es común que el arranque de sexenio muestre desajustes y falta de ritmo en el ejercicio del gasto público, debido a que éste se encuentra altamente normado e implica una amplia coordinación entre distintas áreas de gobierno, la curva de aprendizaje de nuevos funcionarios públicos y claridad en el ejercicio del gasto respecto de programas, proyectos y planes.
