Implicaciones fiscales del Plan Nacional de Desarrollo de la 4T

Fiel a las convicciones y propuestas de campaña, se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) correspondiente al sexenio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la propuesta de este es la de construir un nuevo pacto social capaz de contener y remontar el “desbarajuste” al que fue conducido el país.

Rubros del PND

Dicho documento cuenta con tres grandes apartados en los que se detallan las acciones a seguir para un bienestar del Estado mexicano, estos son:

• política y gobierno. Se maneja como uno de los puntos centrales: erradicar la corrupción del sector público.

Esto implica un combate a las prácticas del desvío de recursos, a  la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, a la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el “amiguismo”, el “compadrazgo”, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo; así separar el poder político del económico

• política social. Dentro del PND se menciona que el objetivo más importante de la cuarta transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos regionales y los programas sectoriales que opera el ejecutivo federal están orientados a ese propósito sexenal

• economía. Respecto a este rubro se manifiesta que el gobierno de la cuarta transformación recibió la herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esa deuda.

Además, se enuncia que en la administración actual no se recurrirá al endeudamiento para financiar los gastos del Estado, ni para ningún otro propósito.

Ámbito fiscal

En este campo, el PND contempla que no habrá incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la inflación. Entonces, ¿de dónde se piensa recaudar los recursos necesarios para cumplir con los programas sociales prometidos?

El mismo documento contiene la respuesta a la anterior interrogante, ya que se estima que la SHCP, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), combatirá con rigor la evasión fiscal, atribución que no le compete a dicha unidad, toda vez que el órgano responsable de esto es el SAT, entonces ¿se ampliarán las facultades de la UIF? o ¿esta unidad pasará a formar parte del SAT?

Ya hemos visto alguna de las acciones tomadas por las autoridades hacendarias para combatir estos temas; ello mediante el endurecimiento de las penas para la venta de comprobantes que amparan operaciones simuladas, las cuales ocupan los contribuyentes para inventar deducciones o acreditamientos y de esa forma disminuir el tributo correspondiente.