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La Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA (por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), regula las funciones financieras contables y de auditoría, que penaliza de una forma severa el crimen corporativo y de cuello blanco. Se compone de 11 títulos.
Es una ley de transparencia y control, emitida por el gobierno de los EEUU en 2002, como resultado de una serie de escándalos corporativos que afectaron a muchas empresas de ese país a finales del 2001, producto de quiebras, fraudes y otros manejos.
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Sus objetivos son:
- combatir los llamados “fraudes financieros”
- incorporar medidas contra las malas prácticas de negocios, y
- restaurar la confianza en el sistema económico
El alcance de esta Ley es quizás su punto más controversial por su extraterritorialidad, ya que aplica a todas las empresas norteamericanas y extranjeras que cotizan y emiten acciones en las bolsas de valores de los Estados Unidos, incluyendo la casa matriz, sus subsidiarias y sus afiliadas. El organismo encargado de su vigilancia es la Securities and Exchange Commission conocida comúnmente como la SEC.
Esta ley obliga a documentar los procesos internos de control y riesgo y a validarlos a través de pruebas.
Las sanciones por el incumplimiento de la Ley SarOx, tanto por la integridad y validez de los estados financieros, así como también respecto de la certificación ascienden a multas de hasta un millón de dólares y/o la pena de hasta 10 años de prisión. Cuando el incumplimiento de la Ley es intencional (fines fraudulentos), la multa podría aumentar hasta en cinco millones de dólares y la pena podría llegar hasta los 20 años.
Cuando una empresa mexicana desea entrar a cotizar en una bolsa de valores de los Estados Unidos debe implementar el estricto sistema de control interno que regula esta ley para poder cotizar, y continuar con esos controles para no incurrir en sanciones; pero no solo afecta a las empresas que cotizan en los mercados de valores norteamericanos, porque ante la globalización se han realizado una serie de ajustes a las normas de auditoría para tratar de garantizar la transparencia en los estados financieros y permitir confiabilidad en las operaciones realizadas al fortalecer el gobierno corporativo para proteger a los inversionistas.
