Se requiere una reforma fiscal sustantiva correctamente estructurada, en la que se analice y proyecte no solo la obtención de la contribución, sino la sana distribución y transparencia del gasto público, porque los contribuyentes carecen de un claro retorno en el pago de sus impuestos.
También se apeló al fortalecimiento de las instituciones, en las que mantengan de manera específica sus funciones; que la toma de decisiones sea imparcial y apartidista, asegurando que los contribuyentes puedan acceder a un sistema de justicia; asimismo se precisó que es necesaria una descentralización de la distribución y servicios públicos, que impulsen la recaudación local.
Estos fueron algunos de los aspectos en los que se requiere trabajar para alcanzar un buen desarrollo económico del país, según diversos panelistas del Seminario de Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Política Fiscal en México, llevado a cabo recientemente en la Ciudad de México.
Seguridad jurídica
Reiterativamente en el foro se habló de la importancia de dar cabal cumplimiento al principio de seguridad jurídica, el cual juega un papel importante para los emprendedores e inversionistas extranjeros, porque dentro de sus principales necesidades está la de contar con la estabilidad y certeza de que sus negocios gozarán de garantías que protejan sus bienes y derechos.
Hay que recordar que la seguridad jurídica consagra el derecho del contribuyente de contar con normatividad y procesos jurídicos establecidos, que le permitan conocer claramente sus obligaciones y las formas en que deben cumplir, así como los derechos de los que goza.
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Nearshoring
México figura como un país con amplias posibilidades para beneficiarse de la figura del nearshoring; no obstante, según los panelistas del Seminario se requiere de una buena administración y distribución de los recursos recaudatorios, pues se necesitan condiciones propicias para estimular la inversión.
También se requiere una buena situación política que favorezca buenas relaciones entre los inversionistas, lo cual puede darse a través del fortalecimiento de las instituciones, y que se mantenga un coherente ejercicio de facultades que les permitan obtener incentivos eficaces que incrementen la captación de recursos.
No solo se precisan estímulos fiscales, sino contar con otros recursos que generen un desarrollo idóneo; por ejemplo, la seguridad pública, el suministro del agua, impartición de justicia, por citar algunos.
Recaudación local
La Ley de Coordinación Fiscal data de 1978, que si bien ha sufrido modificaciones, de manera íntegra no se ha reestructurado lo relativo a la recaudación de los estados adheridos.
Se requiere que las entidades federativas realicen una mejor y mayor captación de contribuciones, con las cuales se pueda aumentar tanto el ingreso federal, como los recursos suficientes para el buen funcionamiento de su localidad.
Cada estado tendría que centrarse en incrementar el pago de impuesto locales, a través de la generación de confianza entre la ciudadanía respecto al correcto uso de los recursos; de tal manera que sus ingresos y progreso no dependa de la federación, sino que sean capaces de fomentar un desarrollo y entorno seguros en el que los nacionales como extranjeros quieran emprender, y consecuentemente el impacto económico no solo se quede en el estado.
De acuerdo con la cuenta de la hacienda pública federal 2023, el gasto federalizado representó el 28.9 % del gasto total neto, lo cual se traduce en dos billones 400 mil 381.6 millones de pesos entregados por parte de la federación a las entidades federativas y municipales.
Justicia fiscal
Si bien en el Código Fiscal de la Federación están previstos los medios de defensa con los que cuentan los contribuyentes, la duda radical es ¿estos son eficaces?
Desde la expertise de los ponentes, los medios de defensa han sufrido un deterioro en su eficacia, incluso no son funcionales para los contribuyentes, porque la impartición de justicia dejó de ser pronta y expedita, además de imparcial. Esto ha impactado incluso a los medios alternativos de solución.
Por ejemplo, el acuerdo conclusivo era un medio atractivo para los contribuyentes; pues se llegaba justo a una interacción sana entre la autoridad y los deudores, haciendo valer la probanza de su actuación; sobre todo, porque se determinaba un pago justo de acuerdo con la capacidad contributiva del pagador de impuestos, sin tener que llegar a un proceso litigioso.
Sin embargo, con la disminución de los plazos tanto para su adopción como para la firma de este, así como la falta de disposición de la autoridad como de los intermediarios, ha reducido la capacidad de poder convenir; situación que deber atendida por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues de ella depende la eficiencia de los servicios que proporciona.
Por su parte, el recurso de revocación se ha convertido en un proceso más para aportar pruebas, más no para que la autoridad pueda tener un pronunciamiento distinto, aunado a que las resoluciones no se emiten dentro del plazo legal de tres meses.
Asistir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) no ha significado un camino viable para los contribuyentes, porque los créditos fiscales por los que deben garantizar son exorbitantes, y muchos ya cuentan con sus cuentas bancarias inmovilizadas, certificados digitales cancelados; lo que se ha traducido en un cese de operaciones y disminución o nula obtención de ingresos, se encuentran publicados en la lista negra del SAT; y por ende, no obtienen contratos para generar recursos, entre otros muchos supuestos; además de que la carga de trabajo de las diversas salas que integran el Tribunal, impacta en la resolución de controversias.
Conclusiones
Es evidente que se requiere una reforma hacendaria,ya que la ausencia de regulaciones bien estructuradas, poco complejas y generadas con la perspectiva de un correcto funcionamiento a futuro seguirá impactando económicamente a México.
Existe un total desconocimiento y apatía de los contribuyentes para conocer y entender cuáles son sus derechos y obligaciones; una necesidad de una cultura contributiva que permita que los contribuyentes conozcan de manera más práctica la forma en que deben conducirse, y en su caso, aportar al gasto público.
Hay una brecha muy marcada entre los contribuyentes y las autoridades derivado de la poca empatía y apertura que estas muestran a los propios contribuyentes como a las asociaciones e instituciones que velan por los derechos de aquellos; por lo que mantener una comunicación estrecha y amigable podría reflejarse en un incremento en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Qué otros aspectos se abordaron en el Seminario de Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Política Fiscal en México
En el evento se habló del correcto ejercicio de las funciones de cada uno de los poderes de la unión, la garantía del estado constitucional, la inestabilidad de los proyectos implementados, la metaconstitucionalidad, la seguridad pública, garantía de la constitucionalidad y el estado de derecho y la seguridad pública, entre otros aspectos.
Finalmente, es preciso comentar que este evento se organizó por las principales barras y colegios de abogados del país como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México AC, la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados AC y el Consejo General de la Abogacía Mexicana; las facultades, escuelas y los departamentos de Derecho de la Universidades Iberoamericana, Panamericana, Nacional Autónoma de México, y Anáhuac, así como el Instituto Tecnológico Autónomo de México; Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC.
