La justicia fiscal es posible y puede ser muy útil a la hora de aumentar los presupuestos educativos; no obstante, “se debe tener la voluntad política de ir contra los más poderosos a fin de lograr que los países de América Latina sean más justos y equitativos, con oportunidades de trabajo para todos”, aseguró Adrián Falco, copresidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.
Destacó que en la región el 1% más rico concentra el 45% de las riquezas que generamos, lo que se traduce en desigualdad y a pesar de que se habla de que la educación es una de las respuestas, la inversión en este ámbito es muy poca.
Por ello, el especialista propuso tres acciones para garantizar el derecho a la educación en Latinoamérica:
- movilizar recursos de fuentes prioritarias y directas, es decir, que paguen los que más tienen
- combatir prácticas elusivas y evasivas, el abuso de los grandes capitales y las riquezas
- revisar los gastos tributarios
“Con estas acciones se podría duplicar lo que se invierte en esta región en materia de educación; pero, además, si logramos reducir los gastos tributario, militar y de la deuda, estaríamos duplicando el que se hace en educación en América Latina y el Caribe”, refirió.
En su oportunidad, la comentarista de la conferencia, Magdalena Galindo, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), consideró que en México hay voluntad política y se está actuando contra el fraude fiscal, ya que la actual administración federal lleva a cabo una “reforma fiscal silenciosa”, que ha realizado modificaciones para evitar que las grandes corporaciones evadan impuestos.
“Hacer pagar a las empresas lo que les corresponde, porque durante todos estos años ha habido una invasión, una elusión y un fraude por varias vías. Una de ellas es evadir impuestos con facturas falsas. Se hizo una reforma para considerar a las factureras como un delito grave que se paga con penas específicas”, indicó.
La académica detalló que estas modificaciones al marco legal “han obligado a los empresarios a pagar impuestos, a través de estas medidas de condenar a los factureros, de cobrar los créditos, de prohibir las condonaciones”.
Adrián Escamilla y la secretaria general de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez, coincidieron en que es importante abrir estos espacios de discusión, ya que a partir de estos debates es como se pueden generar nuevas alternativas y pensar en caminos más deseables para la justicia fiscal.
