Paquete Económico 2025 necesitará reforma fiscal

Aunque al fin de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador se presumió que los ingresos tributarios aumentaron de 12.7% a 14.2%, la Alianza por la Justicia Fiscal, que agrupa a diversos organismos que trabajan en torno a temas fiscales, destacó que este incremento “no necesariamente se tradujo en mejores servicios para la población”.

“Los ingresos actuales no son suficientes para atender las demandas y las necesidades del país, lo que ha llevado a un incremento en el endeudamiento público”, se expone en las primeras líneas del documento “Gasto público justo y eficiente: una herramienta para la igualdad”, elaborado por Jorge Cano y Ramiro Suárez de la Alianza por la Justicia Fiscal.

Considerando que los expertos señalan que los requerimientos financieros del sector público alcanzarán una cifra histórica para este 2024, la realidad es que la actual recaudación tributaria podría limitar “la capacidad del Estado para destinar recursos a políticas dirigidas a reducir desigualdades”, sin embargo, en vísperas de la discusión sobre el Paquete Económico, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo necesita estrategias sólidas para aumentar los ingresos.

Los expertos mencionaron que uno de los puntos a considerar es la “transparencia”, ya que de nada sirve aumentar la recaudación si los recursos se van a proyectos que no son socialmente rentables; el gasto debe ser “más eficiente” y garantizar apoyo financiero a programas que eleven la calidad de vida de la población y reduzca los niveles de desigualdad y pobreza.

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¿Para qué pagamos impuestos al SAT?

El artículo 31, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país, y esto lo hacemos a través del pago de impuestos.

De acuerdo con la Alianza por la Justicia Fiscal, “sin impuestos no hay derechos”, tales como vivienda, educación o salud; asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) menciona en su página web que la recaudación “se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo”, tales como:

• educación pública y profesores que contribuyan en la enseñanza
• bibliotecas
• centros deportivos
• hospitales públicos
• infraestructura, servicio de vías públicas, mantenimiento de calles e iluminación
• impartición de justicia
• seguridad a través del servicio de bomberos, policías y militares
• programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico

Aunque de 2018 a 2023 los ingresos tributarios aumentaron 14.4%, un 14.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y se logró una reducción de la población en situación de pobreza de 41.9% a 36.3% para 2022, el documento “Gasto público justo y eficiente: una herramienta para la igualdad”, puntualizó en que ha habido “retrocesos”.

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La recaudación tributaria aumentó, pero es insuficiente

El análisis de la Alianza por la Justicia Fiscal expuso que pese al aumento de los ingresos, las personas con carencias de servicios aumentaron, en salud pasaron de 20.1 millones en 2018 a 50.3 millones en 2022 y en rezago educativo de 23.5 millones a 25.1 millones, mientras que en la proporción de viviendas que recibe agua diariamente hubo una reducción de 69.5% a 65.8%.

En ese sentido, el coordinador del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Jorge Cano, dijo en un comunicado fechado al 15 de octubre de 2024 que “se han dado recortes en áreas clave como la Protección Ambiental o Ciencia y Tecnología”, mientras el gasto en salud y educación “no ha crecido”, lo que significa un “deterioro en el acceso de diversos servicios públicos”.

Al respecto, la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, acentúo que no ha habido una “adecuada rendición de cuentas”, y el ejemplo está en los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, ya que pasaron de 1% a 19% de 2018 a 2023; a ello, el director ejecutivo de Fundar, Diego de la Mora, compartió que en el mismo periodo se dejaron de gastar alrededor de 100 mmdp en la Secretaría de Salud, monto similar a lo aumentado a la Secretaría de Energía.

Considerando que el gasto público tiene el objetivo de “reducir desigualdades, mejorar el bienestar de la población y asegurar un desarrollo sostenible”, la Alianza por la Justicia Fiscal puntualizó en que es necesaria una reforma fiscal y administrativa para tener un “manejo más eficiente, transparente y democrático de los recursos públicos”.

Ventajas de una reforma fiscal en el Paquete Económico

La Alianza por la Justicia Fiscal sostuvo que con una reforma fiscal progresiva, se pueden aumentar los ingresos públicos sin afectar a la población pero sí hacer una distribución equitativa de la riqueza, de forma que los ingresos se utilicen adecuadamente y se fortalezca el papel del Congreso en la supervisión del presupuesto mediante seis estrategias:

1. Etiquetar ingresos públicos para fines específicos y evitar la asignación arbitraria de recursos a proyectos menos prioritarios
2. brindar garantía presupuestaria para el sistema de salud de personas sin seguridad social
3. fortalecer la regulación de adecuaciones presupuestarias
4. mejorar la transparencia en el destino de ingresos excedentes y del endeudamiento
5. transparencia y rendición de cuentas en los fideicomisos públicos
6. evaluar el impacto presupuestario de las reformas legislativas

La Alianza enunció que hacer una reforma fiscal de cara al Paquete Económico, permitirá aumentar la calidad y cobertura de los servicios públicos de salud, por ejemplo en camas, equipos y personal médico; extender el horario escolar a una jornada completa en todas las escuelas de educación básica públicas, para así también disminuir las tasas de deserción y carga de cuidados.

Sobre esto último, se podría construir un sistema de cuidado infantil universal, gratuito y de calidad para menores de 6 años que ayude a eliminar la desigualdad de género; por otro lado, se podría crear un fondo de cohesión para promover iniciativas de desarrollo económico en estados con ingresos más bajos y definir un mínimo anual (2% del PIB) para un sistema judicial estatal efectivo.

Las propuestas están en el aire, ahora solo es tarea del gobierno federal escucharlas y adecuarlas a las necesidades de la población mexicana.

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