Las remesas –transferencias de dinero enviadas por trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familiares en México– son un pilar clave de la economía mexicana, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Según datos del Banco de México, en 2024 las remesas sumaron un monto récord de 64 745 millones de dólares, superando ampliamente las divisas obtenidas por exportaciones petroleras.
Estos recursos mejoran el nivel de vida de millones de hogares receptores y reducen la pobreza, pues suelen destinarse a consumo básico (alimentos, salud, educación) o a inversiones microeconómicas. Por ejemplo, un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) indica que las remesas aumentan sustancialmente el ingreso familiar en los países más pobres. En este contexto socioeconómico, se analiza la propuesta de gravar las remesas, atendiendo a su viabilidad legal, impacto fiscal y consecuencias sociales.
Marco legal vigente en México
En materia de ISR
Actualmente en México no existe un impuesto específico sobre las remesas. En la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) no se menciona explícitamente el concepto “remesa”; sin embargo, los ingresos recibidos a título de remesas pueden considerarse como donativos entre familiares, los cuales se regulan en el artículo 93, fracción XXIII de la LISR.
Esta disposición establece que los donativos estarán exentos de impuestos cuando se reciben entre la familia directa (cónyuge, padres o hijos del contribuyente), cualquiera que sea su monto, siempre y cuando no sean enajenados por terceros.
Los donativos recibidos de otras personas para que no consideren gravados en un año no deben exceder de tres veces la UMA anual correspondiente; por el excedente se deberá pagar ISR.
No obstante, el receptor tiene la obligación de declararlas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como parte de sus ingresos. En conclusión, no existen cambios en este tratamiento y las remesas siguen exentas como donativos familiares.
En materia de IVA
Tratándose de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no grava las remesas, pues estas no constituyen un acto gravado sino una transferencia de recurso.
Adicionalmente, debe considerarse que México y Estados Unidos cuentan con un Tratado para Evitar la Doble Tributación vigente desde 1994. El artículo 25 de ese convenio estipula que los nacionales de un país no pueden ser sometidos por el otro a impuestos distintos o más gravosos que los aplicados a sus propios ciudadanos en igualdad de circunstancias.
Esto protegería a quienes reciben remesas: si México o Estados Unidos de América (EUA) intentan aplicar un tributo exclusivo a esas transferencias, ya que podría calificarse de discriminatorio bajo el tratado.
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Propuestas recientes de gravar las remesas
En el plano nacional no se ha presentado ninguna iniciativa oficial para imponer un impuesto sobre las remesas. Circuló en redes sociales un rumor (falso) de que a partir de 2025 el SAT cobraría entre el 15 % y 25 % a los envíos superiores a cierto monto; esta desinformación fue desmentida por la autoridad.
Fuera de México ha cobrado relevancia el debate en EUA. En 2025 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes promovieron un proyecto de ley (en el marco del plan tributario Big, beautiful bill) para gravar con un impuesto especial del 5 % las remesas enviadas desde EE.UU al extranjero.
La propuesta eximiría a ciudadanos estadounidenses y se aplicaría a los envíos realizados por inmigrantes, incluyendo residentes permanentes o trabajadores con visa, excluyendo en principio a ciudadanos.
Este gravamen tiene como objetivo financiar proyectos de seguridad fronteriza y exenciones fiscales prometidas por la administración de Donald Trump. Si se aprobara en el Congreso de EUA y fuera firmado por el presidente, entraría en vigor en 2026.
Postura del gobierno mexicano
El secretario de Hacienda enfatizó que la tasa del 5 % incumple el Tratado de Doble Tributación con EUA, ya que gravaría ingresos que ya fueron gravados en el país fuente.
México ha desplegado esfuerzos diplomáticos pidiendo a congresistas estadounidenses reconsiderar la medida, argumentando que afectaría hasta 40 millones de personas (migrantes y familias receptoras) y dañaría la economía de ambos países.
Implicaciones fiscales
Gravar las remesas tendría varias repercusiones en la recaudación y en el sistema tributario:
ingresos potenciales: Un impuesto del 5 % sobre un flujo de remesas de unos 65 000 MDD anuales generaría alrededor de 3250 MDD al año para el fisco estadounidense
si México adoptará un gravamen similar sobre las remesas entrantes, obtendría una suma comparativamente pequeña, equivalente a solo unos 0.2–0.3 % de su Producto Interno Bruto (PIB)
Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que un 5 % sobre remesas aportaría solo 0.3 % del PIB; por tanto, la recaudación obtenida podría ser marginal frente al presupuesto nacional de cualquiera de los dos países.
Doble tributación y cumplimiento de tratados
Como destaca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, gravar remesas constituiría una doble imposición, porque los migrantes pagan impuestos sobre sus ingresos en el país donde trabajan.
Además, el Tratado de Doble Tributación México-EUA prohíbe impuestos discriminatorios sobre los nacionales de uno u otro país. Si Estados Unidos aplicara su impuesto unilateral de remesas, o si México impusiera uno propio, ambas situaciones podrían violar compromisos internacionales y dar pie a impugnaciones legales.
Evasión e informalidad
Gravar las remesas elevaría el costo efectivo de enviar dinero. Esto tendería a desviar los flujos hacia canales informales o alternativos (por ejemplo, entrega física de efectivo, redes familiares no bancarizadas o envío a través de terceros países).
De hecho, los trabajadores migrantes –especialmente los de ingresos bajos– son muy sensibles a los costos de transferencia, por lo que un tributo incentivaría medios no regulados de envío.
Esto reduciría la recaudación efectiva (pues escaparía al control fiscal) y complicaría la supervisión del sistema financiero. Si el impuesto se aplica selectivamente, los migrantes podrían optar por reducir las remesas o canalizarlas vía terceros países menos gravados. El World Bank señala que, cuando los países han intentado tales gravámenes, sufrieron una fuga de flujos hacia lugares intermedios.
En el caso de la propuesta estadounidense, además, se consideró bloquear envíos a personas indocumentadas, lo que podría eliminar hasta un 30 % de las remesas actuales –casi 19 000 MDD anuales– y causar una contracción adicional del PIB mexicano.
Impacto en proveedores de servicios
Un impuesto reduce la demanda de servicios formales de envío de dinero, lo que afectaría los ingresos de empresas y bancos. Ello a su vez reduciría sus aportaciones fiscales habituales (ISR e IVA). También se requeriría implementar mecanismos de retención (por ejemplo, exigir RFC al receptor o retenedores a las empresas), lo que implica costos administrativos adicionales para el SAT y las instituciones financieras.
Conclusión
Desde el punto de vista fiscal la medida podría generar ingresos modestos, pero vendría acompañada de altos costos de cumplimiento y una probable disminución de los envíos formales debido a la doble tributación y a la derivación hacia mercados no regulados.
El impacto social de gravar las remesas sería significativo para los hogares receptores y las comunidades dependientes de estos recursos. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) señala que las remesas elevan el nivel de vida de los hogares receptores y reducen la pobreza, y que este impacto es ignorado por las estadísticas oficiales. Un gravamen representaría un golpe directo a la capacidad de consumo de poblaciones vulnerables.
Las remesas suelen emplearse en actividades informales (pequeños talleres, agricultura de autoconsumo, comercio no registrado) debido al difícil acceso al crédito formal. Un impuesto adicional estimularía aún más el uso de canales informales para enviar dinero. Esto no solo reduciría ingresos fiscales, sino que ampliaría los riesgos asociados a flujos de efectivo no regulados (fraude, lavado de dinero).
Pocas economías han aplicado impuestos directos sobre remesas de manera estable y exitosa. Los ejemplos muestran que, cuando se implementan, suelen generar ingresos marginales.
Además, la mayor parte de estudios de organismos internacionales (FMI, Banco Mundial) argumentan que los costos socioeconómicos de esos impuestos superan ampliamente sus beneficios fiscales y tienden a revertirse por su impacto negativo sobre las poblaciones receptoras.
