La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el Amparo Directo en Revisión 579/2022, en el que se impugnó la disposición legal que reserva la identidad y datos personales de las personas servidoras públicas señalados en erl artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El asunto llegó a revisión luego de que un tribunal colegiado concediera el amparo al considerar que esa reserva impedía conocer quién realizaba los actos de autoridad y afectaba la posibilidad de cuestionar su competencia de la autoridad o persona juzgadora. En este sentido, el Pleno analizó si esta limitación vulneraba principios de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada, o en su caso, si la medida impedía que los particulares identificaran a la autoridad que emitía el acto.
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La Corte concluye que la reserva de identidad no impide cuestionar la competencia de juzgadores
Durante la discusión se destacó que la norma impugnada protege datos personales, pero no reserva la información necesaria para verificar la competencia de la autoridad actuante. Durante el análisis, las ministras y ministros explicaron que, aun cuando se omita el nombre de quien ejecuta el acto, permanece accesible información como el cargo, la adscripción y la unidad administrativa responsable, elementos indispensables para conocer la autoridad emisora y ejercer medios de defensa.
Asimismo, se reiteró que la obligación de fundar y motivar sigue siendo exigible, por lo que la persona afectada conserva la posibilidad de identificar el acto, entender sus razones y activar los procedimientos de defensa.
Durante la discusión se precisó que la reserva no elimina la posibilidad de presentar denuncias por irregularidades o cuestionar la actuación de la autoridad. Se indicó que, si bien el nombre del servidor público se mantiene protegido, los mecanismos de control interno y de responsabilidad administrativa siguen operando, pues la información institucional necesaria para iniciar ese tipo de procedimientos no forma parte de la reserva.
La medida es razonable para proteger la integridad del personal antilavado
En la sesión se destacó que la reserva de identidad tiene una justificación objetiva vinculada con la naturaleza de las funciones que desempeña este personal. Pues, se señaló que quienes participan en la prevención, identificación, investigación y sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita desarrollan actividades que conllevan riesgos particulares por el tipo de conductas que supervisan, esto al juzgar a personas que no se considera que realicen delitos menores.
Por ello, la medida fue considerada razonable y proporcional para proteger su integridad y garantizar que puedan cumplir sus funciones en condiciones de seguridad. De este modo, se concluyeron que la medida protege un interés legítimo sin afectar los derechos de quienes participan en procedimientos derivados de la aplicación de la conocida ley antilavado.
La SCJN revoca el amparo y devuelve el asunto al tribunal colegiado
Con base en las consideraciones la SCJN determinó que la disposición impugnada es constitucional y revocó la sentencia del tribunal colegiado que había otorgado el amparo.
A partir de ello, la Corte le reservó jurisdicción para que continúe con el estudio de los planteamientos de legalidad conforme a los criterios fijados en la sesión del 4 de diciembre de 2025.
