El numeral 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) prevé la figura de la discrepancia fiscal, aplicable a aquellas personas físicas cuyo monto de erogaciones efectuadas en un ejercicio fiscal resulte superior a los ingresos declarados por el contribuyente de que se trate o a los que legalmente le hubiera correspondido declarar.
ÚNETE A IDC en nuestro canal de Whatsapp
El procedimiento legal
Para tal efecto, el propio artículo, a partir de su séptimo párrafo, establece los lineamientos que deben observar las autoridades fiscales, teniendo como punto de partida, en su fracción I, la obligación de notificar al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información utilizada para determinarlas, el medio por el cual se obtuvo dicha información y la discrepancia resultante.
Posteriormente, respeto a la garantía de audiencia del contribuyente, la fracción II dispone que este contará con un plazo de 20 días para informar por escrito el origen o la fuente de procedencia de los recursos con los que efectuó las erogaciones detectadas, así como para ofrecer, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
La fracción III señala que, de no aclararse la discrepancia, esta se presumirá como ingreso gravado y se formulará la liquidación respectiva, considerando como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas y aplicando la tarifa prevista en el artículo 152 de la propia Ley al resultado obtenido.
¿Procedimiento imperfecto?
El procedimiento descrito adolece de una omisión relevante, pues si bien contempla como etapa final la emisión del oficio de liquidación, no establece el plazo con el que cuenta la autoridad para emitirlo, lo que coloca al contribuyente en un estado de incertidumbre jurídica.
Con el propósito de aclarar la postura que deben seguir las autoridades fiscales en la aplicación del artículo 91 de la LISR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el Criterio Normativo 10/CFF/N, el cual remite a los tiempos previstos para la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, particularmente en lo relativo a la emisión de la última acta parcial y del oficio de observaciones, precisando que estos documentos son independientes del oficio de liquidación, aunque en ellos debe hacerse constar la entrega de dicho oficio.
No obstante, es de interés señalar que en este criterio, el SAT confunde el ejercicio de las facultades de comprobación con el procedimiento de discrepancia fiscal. Si bien es cierto que la discrepancia puede detectarse como resultado del ejercicio de dichas facultades —por ejemplo, en una revisión de gabinete—, no resulta razonable sostener que los lapsos previstos en la ley para tales facultades comprendan una actuación distinta y autónoma, perteneciente a otro procedimiento regulado en una ley diversa, como lo es la emisión del oficio de liquidación por discrepancia fiscal.
En consecuencia, este criterio no elimina la incertidumbre del contribuyente, pues aún se desconoce el plazo específico para la emisión de la liquidación, limitándose únicamente a señalar que dicho oficio deberá emitirse en algún momento previo a la última acta parcial o al oficio de observaciones.
La seguridad jurídica de los contribuyentes se garantiza cuando el legislador establece normas claras que facultan a las autoridades fiscales para actuar en determinado sentido, delimitando dicha actuación mediante plazos precisos.
Como se ha expuesto, el procedimiento de discrepancia fiscal carece de una regulación completa en su etapa de conclusión, lo que evidencia la necesidad de una reforma legal que establezca expresamente el plazo para la emisión del oficio de liquidación, permitiendo así contar con un procedimiento íntegro, claro y respetuoso del principio de seguridad jurídica.
¿Quieres saber más? ¡Sigue a IDC en Google News!
