Ante la insatisfacción generalizada por las reformas fiscales aprobadas y ante la promesa de realizar una verdadera reforma fiscal integral, sería importante que el legislador considerara la opinión del premio novel de Química, Mario Molina, sobre la imposición de gravámenes para las empresas o actividades que más contaminan.
Al respecto existen diversos estudios, de los cuales quisiera compartirles algunas ideas:
Varios países han reestructurado algunos de sus impuestos de tal manera que ahora están indexados a los niveles de emisiones de azufre, bióxido de carbono, plomo, benceno o fósforo. Este es el caso de los impuestos a los combustibles. Estos impuestos fueron creados originalmente con el objeto de generar ingresos fiscales para los gobiernos. Actualmente en promedio, en los países OCDE, 80% del precio de los combustibles son impuestos. El mercado ha respondido creando combustibles más limpios como por ejemplo la gasolina sin plomo.
La política adoptada por algunos países OCDE ha sido el establecimiento de nuevos impuestos, cargos o derechos en productos tales como: residuos, baterías, envases, pesticidas, fertilizantes, detergentes y aceites. El objetivo primordial es inhibir el consumo de estos productos y en consecuencia, la producción, a fin de generar menores residuos y que el impacto sobre el medio ambiente sea menor. La respuesta del mercado a estas iniciativas depende mucho de la flexibilidad o elasticidad de la demanda, por lo que en algunos casos el mayor logro de estos nuevos impuestos ha sido la generación de recursos.
Las reformas fiscales ambientales en los países OCDE se han caracterizado por ser neutrales en la recaudación. En términos generales, su instrumentación consiste en la introducción de impuestos ambientales y la eliminación o disminución de otros impuestos. En algunos casos a cambio de la creación de impuestos ambientales se han disminuido impuestos sobre la renta, los recursos se canalizan a la inversión en ahorro energético o a la disminución de impuestos que afectan a la industria.
La recaudación por concepto de impuestos ambientales oscila entre el 1 y el 4.5% del PIB y su mayor proporción se encuentra en los impuestos a combustibles para transporte e impuestos sobre vehículos.
Las experiencias de estos países han llevado detectar algunos factores que determinan el éxito o fracaso de su instrumentación, entre ellos:
- definir claramente la etapa en la cual se va a aplicar: el impuesto puede gravar el bien de uso final, la fuente de emisión o las emisiones estimadas vertidas
- establecer el impuesto sobre demandas de precio elásticas. De manera que al enfrentar un precio mayor, se sustituya el consumo por alternativas menos perjudiciales al medio ambiente
- considerar el grado del incentivo, la medida en que el impuesto apunta hacia la reducción de la contaminación. En este sentido, una consideración importante es el conflicto entre la efectividad de la medida y la recaudación. A más reducciones de los daños ambientales (eficiencia ambiental), menor es la base gravable y en consecuencia, menor es la recaudación
- considerar que la eficiencia ambiental, a veces se requiere de procesos administrativos muy complicados que pueden restar eficiencia ambiental al impuesto
- considerar los costos administrativos relacionados con su creación e instrumentación. Los costos están en función del número de impuestos existentes, del tamaño, de la complejidad de la base del impuesto, del tamaño y de la complejidad de las exenciones, del número de contribuyentes potenciales, del costo y las técnicas de monitoreo y de la posibilidad de generar recursos fiscales. Actualmente, existe muy poca evidencia del impacto distributivo
- impacto en la competitividad. Debe procurarse que al aumentar impuestos por razones ambientales, se disminuyan otros impuestos y se minimicen los costos totales y aumente el nivel de la competitividad
- aceptación social. Es fundamental contar con el respaldo de la sociedad al generar políticas ambientales y considerar tanto a los hogares como a los inversionistas, a la industria, a las ONG’s y al público en general
Las objeciones a los llamados impuestos ecológicos, van en el sentido de que aumentan la carga tributaria: el objetivo financiero y el objetivo ecológico apuntan a efectos divergentes. La necesidad de mantener o aumentar la recaudación requiere crear impuestos aplicables a objetos que no pierdan importancia dentro de la actividad económica ni puedan ser sustituidos. La finalidad ecológica se dirige, en cambio, a lograr efectos de sustitución en alto grado, es decir, va contribuir a la reducción de la recaudación.
Algunos especialistas afirman que un sistema fiscal ecológico tendría que basarse en impuestos indirectos, con consecuencias injustas e imprevisibles.
Una de las críticas más severas es que mediante el cobro de impuestos ambientales se incorpora automáticamente a todos los sectores los costos que generan aquellos que contaminan, que son quienes deben pagar los impuestos, cargos y permisos. Con los impuestos ecológicos, se apropian del daño el resto de la sociedad.
Fuentes:
- Historia y evolución de los instrumentos fiscales relacionados en medio ambiente en países de la OCDE de J.ean Phillippe Barde
- Derecho Fiscal, Hansmeyer, Karl-Heinrich y Ewringmann, Dieter
