La iniciativa fue aprobada en el Senado, pero las declaraciones sobre el patrimonio de funcionarios aún serán una incógnita
El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, -Ley #3de3-, que busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal, al fortalecer sus responsabilidades administrativas y las sanciones aplicables por actos de corrupción u omisiones en que los servidores incurran.
El dictamen fue aprobado por los senadores con 94 votos a favor y 23 en contra, y fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.
En un adendum, el pleno del Senado avaló que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicación pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana –que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción– emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías.
En caso de faltas administrativas no graves darán cuenta a los órganos internos de control, para que continúen la investigación y promuevan las acciones que procedan, y ante la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el ministerio público.
Panorama aprobado
La ley general del Ley del Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento de dicho Sistema.
Por su parte, la Ley Orgánica del TFJFA busca determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo.
Sobre el SNA, también se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización con el fin de establecer acciones y mecanismos de colaboración para promover el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Asimismo, la Plataforma Digital del Sistema estará conformada por la información que incorporen las autoridades integrantes del sistema nacional y contará con los sistemas de Evaluación Patrimonial y de Declaración de Intereses; Nacional de Servidores Públicos Sancionados; de Información y Comunicación; Nacional de Fiscalización; y el de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.
El objetivo del Sistema Nacional tiene una estrecha conexión con la parte penal, tanto con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción como con las reformas al Código Penal que también se plantean como parte de la reforma.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Pablo Escudero Morales enfatizó que será la ciudadanía la que presidirá el SNA, su comité y el órgano de gobierno.
Con respecto a la Ley del TFJFA el senador del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Romo Medina, explicó que esta instancia incluirá en sus competencias conocer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, promovidas por la Secretaría de la Función Pública, y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.
Por Acción Nacional, la senadora María del Pilar Ortega Martínez dijo que el tribunal será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
Miscelánea penal
De igual forma, se aprobaron en lo general los dictámenes de los proyectos de reforma que modifican diez leyes de la miscelánea penal, con lo que en comisiones del Senado avanzan en su aprobación.
Los cambios que se votaron a favor son para: el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución y la Ley de Amparo.
La entrada en vigor a nivel federal del nuevo sistema penal acusatorio será a más tardar, dentro de cuatro días, es decir, el 18 de junio, como parte del avance en el nuevo sistema de justicia.
