La cadena de restaurantes Vips obtuvo ayer una suspensión definitiva para mantener la venta de cajetillas de cigarros y las áreas para no fumar tal y como funcionan en sus 113 sucursales.
El recurso legal le permitirá no someterse (hasta que el juicio de amparo promovido por la empresa sea resuelto en todas sus instancias) a las reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del DF, que endurecen las medidas contra el tabaco.
Rafaela Franco Flores, juez quinta de distrito en materia administrativa, convirtió en definitiva la suspensión provisional que otorgó el pasado 30 de enero a Vips, como parte de un amparo promovido por la empresa para cuestionar la Constitucionalidad de las nuevas disposiciones de la ley.
Dichas disposiciones incluyen la obligación de aislar "físicamente" el área destinada a fumadores, que no puede exceder el 30 por ciento de la superficie del local, con el agregado de que si no es posible lograr esta división, todo el establecimiento será de no fumar.
También se prohibe la venta de cigarros.
La suspensión definitiva no es permanente. Lo que significa es que Vips no estará sujeta a la aplicación plena de la ley durante todo el tiempo que tomará el desahogo del juicio de amparo, en el que se determinará si estas medidas violan garantías Constitucionales.
La empresa sostiene que la ley es confusa, pues no aclara si la delimitación "física" del área de fumar implica la construcción de alguna pared o barrera, o si se puede hacer sólo con señalamientos, como sucede actualmente.
La juez aclaró en la suspensión que se deberán respetar las zonas de no fumar que ya existen. Es decir, su orden permite a Vips seguir vendiendo cigarros y no tener que levantar nuevas barreras mientras termina el juicio.
El GDF y la Asamblea Legislativa tienen 10 días hábiles para impugnar la suspensión, mediante un recurso de revisión que será revisado por un tribunal colegiado de circuito, en un plazo de uno a dos meses.
Vips sólo quedará exenta totalmente de la ley si gana el amparo, es decir, si el Poder Judicial declara que la reforma es inconstitucional, lo que podría tomar entre 6 meses y un año.
La sentencia final podría ser dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ha declarado inconstitucional la prohibición de vender cigarros en las farmacias.
Fuente: Reforma
