Desde el pasado 19 de septiembre, la STPS recibió 1,074 denuncias de trabajadores que aseguraron que sus centros laborales sufrieron alguna afectación estructural, lo que pudo representar un riesgo para la integridad física de los habitantes dentro del inmueble.
En un comunicado, el organismo recordó a los patrones que en caso de no observar las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo se podrán imponer sanciones de entre 18,872 y 377,450 pesos.
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Es decir, “el artículo 993, en relación con el 994, Fracción V, de la LFT, establece multas que van de 250 a 5,000 días conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de 75.49 pesos diarios, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más las sanciones a las que sea acreedor por incumplimiento”.
Destacó que del total de quejas recibidas en el Centro de Mando de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT), se atendieron 1,052 equivalentes al 98% de las cuales resultaron en 16 restricciones totales y 16 parciales. Los inmuebles se encontraron dentro del territorio de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.
Respecto a las restricciones totales, 12 fueron levantadas luego que los representantes legales de las empresas presentaron los dictámenes correspondientes que avalan la seguridad estructural de los inmuebles que ocupan.
Finalmente, derivado de los sismos del 19 de septiembre y el 9 de octubre la Delegación Federal del Trabajo en la Ciudad de México atendió 579 del total de las quejas recibidas; la Dirección General de Inspección resolvió 213 casos y la Subdelegación Federal en Naucalpan, Estado de México procesó 88.
