Con su creación se pretende disminuir la carga de trabajo de los tribunales encargados de impartir la justicia laboral para hacer más eficiente sus tareas y evitar el rezago de juicios a su cargo
Una de las novedades que contempla la iniciativa de reformas a la justicia laboral, presentada a la Cámara Alta por los senadores pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, es la creación de la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro (LIFCR), en donde se pretende crear dicha dependencia como una instancia obligatoria y previa a la interposición de un juicio laboral.
Para realizar sus labores de conciliación ese Instituto aplicaría los principios de certeza, independencia, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, confidencialidad, publicidad, celeridad, economía y flexibilidad.
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Las principales atribuciones de ese nuevo organismo serían:
- ofrecer servicios públicos de conciliación para la solución de controversias individuales o colectivas en asuntos del orden federal suscitados entre los trabajadores y patrones
- fungir como organismo registral de:
- convenios de administración de los contratos-ley, contratos colectivos de trabajo, y reglamentos interiores de trabajo; así como sus revisiones, modificaciones y todos los procedimientos relacionados con sus funciones, y
- sindicatos, federaciones, confederaciones y sus secciones, al igual que las altas y bajas de sus integrantes y directivas, resolviendo sobre su procedencia o negativa
- asentar cambios a los estatutos de los organismos gremiales y de sus directivas
- inscribir la cancelación de los registros de los sindicatos de acuerdo con las resoluciones emitidas por las autoridades competentes
- hacer pública, para consulta, la información que contengan sus registros
- llevar a cabo tareas de coordinación con otras dependencias de la administración pública federal y de las entidades federativas, a efectos de fortalecer los medios alternativos de solución de conflictos entre subordinados y empresas, e
- impulsar el diseño de políticas públicas para la prevención de conflictos laborales
El Instituto estaría administrado por un consejo técnico integrado por los titulares de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social; Hacienda y Crédito Público; Economía y Gobernación; representantes de las organizaciones nacionales patronales y de diversas agrupaciones nacionales obreras; así como por un director general designado por la Cámara de Senadores.
Como puede observarse esta nueva legislación tiene como objetivo crear un ente responsable de conciliar y llevar a cabo registros a nivel federal para así liberar de carga de trabajo a los tribunales laborales.
