Se requiere una restructuración de los programas de gobierno, así como de las políticas de las empresas, pues aun cuando no se elaboraron con el objetivo de privilegiar a un solo sector de la población, en los hechos excluyen por motivos de género, edad, discapacidad, origen étnico y raza, denunciaron el Instituto Belisario Dominguez (IBD), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y especialistas.
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Señalaron que las modificaciones deben realizarse en los procesos de contratación, promoción y despido, además de que se requiere la evaluación para la asignación de jefaturas, coordinaciones y direcciones.
Agregaron que las políticas públicas y privadas también habrían de incluir la conciliación de las necesidades laborales y familiares, así como la cultura organizacional de los espacios físicos y otros factores a favor de los trabajadores.
Durante la presentación del libro “La discriminación en el empleo en México”, Estefanía Vela, la autora aseguró que México cuenta con una importante legislación en la materia: “La Constitución no es el problema, el marco constitucional es envidiable, no es necesario recurrir a normas de organismos internacionales”.
Lo urgente es, refirieron, emprender una reforma estructural en las políticas públicas, a fin de frenar la discriminación laboral en instituciones de gobierno e, incluso, en las empresas privadas.
