Migrantes, nuevo reto para el derecho laboral mexicano

Desde la antigüedad, el hombre en su necesidad de luchar contra la adversidad y encontrar mejores condiciones de vida, se ha aventurado a la búsqueda de nuevos terrenos que le brinden oportunidades de subsistencia y bienestar.

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La globalización ha permitido, como dinámica internacional, adelgazar las líneas fronterizas y crear naciones interdependientes prácticamente en todos los ámbitos; los mercados laborales, en muchos Estados, abren sus ofertas directa e indirectamente sin exclusividad para la población local, también lo hacen para la sociedad que se encuentre más allá de sus líneas divisorias territoriales.

Los empleadores buscan al mejor candidato, independientemente de su nacionalidad y, lamentablemente, en muchas ocasiones sin importar su calidad migratoria, en aras de tener un ahorro económico en el pago de salario.

También, la gran competencia, la apertura de los mercados, la desregulación económica y el aumento de la población mundial son factores que se han potenciado con la globalización y, por desgracia, aquellos países que no tenían las condiciones de competitividad requerida para adentrarse dignamente a las maniobras de intercambio comercial, formación de bloques económicos, concertación política, desarrollo industrial y tecnológico y otras circunstancias de dinamismo social, han quedado rezagados y con un aumento de pobreza considerable; razones que hacen que la migración sea creciente y tenga mayor peso.

México, ante este escenario, se ha convertido en un punto de reunión y refugio para sus vecinos geográficos y otros pueblos. Históricamente, el Estado mexicano, al autoproclamarse una nación “amiga”, ha sido un sitio de recepción de la población mundial por diversos motivos y, en el presente, la causa principal de acogida es la económica.

Si bien los Estados Unidos Mexicanos no poseen una economía radiante ni las condiciones de vida óptimas para toda su población, sí es estimado por un gran número de personas migrantes para asentarse y proyectar su progreso; además su ubicación geográfica, para muchos, es privilegiada pues sus mares territoriales se extienden a dos importantes océanos (Pacífico y Atlántico), la parte sur de sus fronteras abre la puerta a las naciones centroamericanas y, al norte, su colindancia es con la nación que por mucho tiempo ha ostentado el liderazgo y el poder a nivel mundial: los Estados Unidos de América. Todo ello, es determinante para observar a México como “paso obligado” o de intersección hacia nuevas y mejores esperanzas de vida.

Por una u otra causa, ya sea que se contemple a nuestra nación como un mejor lugar para residir  y establecerse, o sea vista como un territorio de cruce, la migración es una realidad y el derecho a migrar ha sido declarado y reivindicado como derecho humano por diversos ordenamientos internacionales, tratados y organizaciones internacionales, mismos que originan un derecho común y vigente en el Estado mexicano, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (promovido y suscrito por México, en la Conferencia de Marrakech de diciembre de 2018).

Así las cosas, el gobierno federal, a través de la STPS, ha planteado la posibilidad de ofertar empleos a migrantes, sobre todo al sureste de la República Mexicana; zona en donde tradicionalmente las labores de agricultura, de recolección y limpieza han sido efectuados por centroamericanos.

Con todo, los compromisos asumidos por el gobierno de México y la materialidad migratoria en su territorio no han encontrado, aún, un punto de convergencia y conciliación; pues el fenómeno migratorio es creciente y las oportunidades escasas; si bien la propuesta de empleo a la población migrante es de beneficio común, también es un propósito que debe acelerarse e incluso reglamentarse en la normativa laboral mexicana, porque, tradicionalmente, el derecho laboral mexicano, como derecho social, ha sido un estandarte protector y reivindicatorio de los grupos vulnerables (necesidad incluyente a los pueblos migrantes).

Es una ardua labor, porque México deberá velar, primero, no solo por sus multitudes nacionales más desprotegidas, también, al mismo tiempo, lo deberá hacer por la comunidad migrante guarecida en su circunscripción y, con ello, desplegar, de manera ideal y correcta, el manto protector que reviste al derecho social mexicano.