Que la reforma laboral del 1 de mayo fue trascendental, no hay debate. Juristas, trabajadores, empresarios y gobierno lo expresan así. Sin embargo, la queja de algunos líderes sindicales es la elección directa. La de los empresarios, que se fomente una “súper sindicalización” que dificulte las negociaciones contractuales.
Esta semana, senadores, representantes de sindicatos y de la iniciativa privada, así como académicos y especialistas, analizarán nuevamente esos cambios y los pendientes que quedaron fuera del primer paquete de modificaciones a la Ley Federal Trabajo (LFT).
El Parlamento Abierto, convocado por la Cámara Alta, se llevará a cabo entre el 23 y 25 de julio y pondrá sobre la mesa temas sobre equidad laboral, discriminación y acoso en los espacios de trabajo, derechos de las trabajadoras del hogar, democracia sindical y negociación colectiva, justicia laboral y regulación del outsourcing.
Las fracciones parlamentarias en el Senado aprovecharán este nuevo foro para presentar sus nuevas prioridades legislativas en material laboral. Entrevistados por El Economista, los representantes de los grupos parlamentarios mayoritarios en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta coinciden en la necesidad de regular la figura de la tercerización, conocida como outsourcing, para cerrarle la puerta a las malas prácticas, y avanzar en cambios para mejorar las condiciones de los trabajadores.
Ejes principales, intocables
Y aunque el Poder Legislativo apuesta por una segunda fase de reformas laborales, los senadores de Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) descartan modificar los ejes centrales de la reforma recientemente promulgada. El PRI, por su parte, busca que cambien aspectos centrales de la democracia sindical para dar marcha atrás, por ejemplo, a la elección de dirigentes por voto directo.
En ese sentido, Napoleón Gómez Urrutia (Morena), presidente de la Comisión de Trabajo, aclara que el Parlamento Abierto será para evaluar lo que se hizo en el periodo ordinario pasado e incluir temas que quedaron fuera de la discusión de la reforma anterior. Sin embargo, los cambios sobre democracia sindical en vigor no serán modificados, especialmente el voto directo y la libertad de afiliación, como lo demandan las centrales obreras afiliadas al PRI.
“No es un espacio de una contrarreforma, es un espacio para adecuaciones a la reforma. No son temas menores, pero son adecuaciones que habrá que considerar porque muchas de éstas afectan a todas las organizaciones sindicales del tinte político que sean y desde luego, a las empresas”, enfatiza Gómez Urrutia.
El tema que sí se revisará, explica, será el de las cuotas sindicales, ya que el carácter voluntario con el que quedaron definidas en la LFT impacta las finanzas de los sindicatos.
“Es algo que afecta a todos los sindicatos de todas las tendencias políticas. Eso hay que analizarlo, discutirlo y, por supuesto, modificarlo. Una cuota es como en cualquier organización civil o social, las personas que quieren pertenecer a esa organización tienen que pagar una cuota”, detalla.
Primer gran avance
La reforma laboral fue “la gran reforma” del pasado periodo de sesiones, opina la senadora Patricia Mercado (MC), secretaria de la Comisión de Trabajo.
Con ella se aspira a una nueva justicia del trabajo, señala. Pues, “con el derecho a huelga eliminado” y una paz construida sobre contratos de protección, no se podía hablar de equidad ni para trabajadores ni para empresas.
Los derechos de las trabajadoras del hogar, el acceso de las parejas del mismo sexo a la seguridad social y la instauración del Día Nacional del Balance Trabajo-Familia son otros logros que resalta.
Las nuevas prioridades para su fracción serán, primero, cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres. La segunda es la terciarización. El grupo parlamentario no tiene una propuesta concreta, “por ello es importante el Parlamento Abierto. Para escuchar a todas las partes”. Lo que sí tienen definido es una postura de regulación para evitar violaciones a los derechos laborales y evasión de impuestos.
El tercero es iniciar el debate sobre la seguridad social universal. Espera que para 2021 al menos se tengan propuestas sólidas al respecto. De entrada, ella y otros legisladores, presentaron una iniciativa para crear un fondo para la pensión rural.
La cuarta será precisar que las adolescentes trabajadoras del hogar, de entre 15 y 16 años, no puedan vivir en el domicilio en el que laboran. Por último, ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso laboral.
Salario mínimo, a revisión
El grupo parlamentario del PAN, por su parte, pugnará por elevar nuevamente el monto del salario mínimo. De acuerdo con la senadora Kenia López, integrante de la Comisión de Trabajo, propondrán el tema en la discusión del Paquete Económico 2020.
El segundo tema importante para esa fracción es el outsourcing. “Se tienen que abordar sin filias ni fobias”, apunta. Hay que “corregir las deficiencias” de ese modelo de empleo, pero “no aniquilarlo”, como pretenden algunos legisladores de Morena, subraya.
Asimismo, su bancada pondrá el foco en “el grave problema del sector salud”. A pesar de que los trabajadores pagan sus cuotas, no hay suficiente personal y el que está no tiene salarios dignos, afirma la legisladora. Además, “es claro que este gobierno no tiene pericia para las compras y distribución de los medicamentos”.
El cuarto punto es la implementación de la reforma laboral. Principalmente, la creación de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues el plazo legal se vence en noviembre.
Por último, analizar alternativas de reforma para el fomento al empleo. La senadora considera urgente que desde la Cámara Alta se hable acerca de “la pérdida de empleos mes con mes”.
Advierten señales de contrarreforma
“El Parlamento Abierto se ha entendido como un segundo round para regresar a las viejas prácticas”, como un espacio para una contrarreforma de los cambios a la Ley Federal del Trabajo recientemente promulgados, opina Arturo Alcalde Justiniani, abogado laborista e integrante del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
“Me parece que el Parlamento Abierto, entendido como un instrumento para continuar perfeccionando los aspectos pendientes, es una buena idea. Hay que definir claramente la agenda y los participantes, y advertir que ojalá no sea un motivo para una contrarreforma laboral. Yo tendría mucha precaución porque huele un poco a contrarreforma”, expresa.
Arturo Alcalde reconoce que la reforma laboral del 1 de mayo generó inconformidad en algunos sectores. Por ejemplo, los sindicatos que se oponen al voto directo para elegir a sus secretarías generales y la transparencia de sus recursos.
“El sindicalismo tradicional se resiste al voto directo, eso les provoca inquietud y alegan en contra las razones, porque quieren seguir manejando el voto indirecto como un mecanismo para evitar que haya representación legal. Buscan que se reduzca la transparencia y la rendición de cuentas”, puntualiza.
El especialista enfatiza que el voto directo es un elemento clave para garantizarle a los trabajadores democracia sindical. “Sería muy grave que se le diera marcha atrás en ese punto, sería un gran retroceso”.
Si bien el voto directo no está explícito en la reforma constitucional de 2017 y en el T-MEC, dice el laboralista, la autenticidad del voto sólo puede ser posible de esta manera.
Por otra parte, opina que no se debe expresar tanta inquietud por la regulación de las cuotas. En este punto, la reforma laboral es clara al establecer que el trabajador es libre de pertenecer o no a un sindicato y, en consecuencia, es libre de pagar o no las cuotas.
“Si su intención es continuar en el gremio, pues tendrá que cumplir con las obligaciones que derivan de esa afiliación”, detalla.
Arturo Alcalde expone que el Parlamento Abierto debe ser un espacio para discutir puntos nuevos que quedaron pendientes en la pasada reforma laboral, como la regulación del outsourcing o mejorar temas de equidad de género.
Regulación del outsourcing, el siguiente gran tema
El gran tema pendiente de la pasada reforma laboral, la terciarización, podría encontrar su oportunidad en el próximo periodo de sesiones en el Congreso. En México hay más de 5,500 empresas con ese modelo de negocios, de acuerdo con el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Antes de la discusión formal en las comisiones a partir de septiembre, el asunto será abordado en el Parlamento Abierto. En el encuentro, convocado por el Senado, participarán representantes sindicales y de la iniciativa privada, así como académicos y especialistas.
Este nuevo foro fue organizado para analizar los cambios ya aprobados sobre justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Pero el outsourcing tomará relevancia. Aunque para el abogado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Carlos Reynoso Castillo, el asunto ya se legisló de manera indirecta.
El artículo 5º de la LFT prohíbe “encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y/o de seguridad social”. Algunos laboristas y empresarios “lo han entendido como una regulación implícita del outsourcing”, comenta en entrevista.
A casi tres meses de la reforma, no sólo la subcontratación genera dudas, también el que puedan formarse más sindicatos. “Estamos en una fase de entendimiento”, indica el doctor en derecho.
“El riesgo es más alto para los centros de trabajo con alta concentración de empleados”. Germán de la Garza de Vecchi, fundador del despacho Mowat, afirma que las empresas son las grandes perdedoras de esta reforma.
Ese riesgo, explica, es una “desestabilidad sindical”. Las modificaciones a la ley fomentan la creación de más sindicatos. En algún momento uno podría “radicalizarse” y exigir salarios o prestaciones económicas más altas, explica.
*Con información de Factor Capital Humano
