El 15 de enero de 2020 el presidente López Obrador anunció en su conferencia matutina la forma en que se combatirá la subcontratación ilegal.
Con la finalidad de erradicarla sumarán esfuerzos la STPS, el IMSS, el SAT, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), estas dos últimas de la SHCP.
De acuerdo con los datos del INEGI presentados por el titular del poder ejecutivo, de 2004 a 2014, la contratación realizada por outsourcing se han incrementado del 9 % al 17 %, por lo que para 2019 se contabilizaron cinco millones de trabajadores contratados en este régimen
Precisó que, de conformidad con lo indicado en los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la LFT, la subcontratación legal es un servicio especializado que permite a los negocios dedicarse a su actividad principal sin distraerse en la realización de actividades accesorias o complementarias.
Por otra parte, señaló que la subcontratación ilegal es aquella en que se traslada a la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para omitir intencionalmente obligaciones laborales y de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores y a sus familias, y fomentando la competencia desleal entre las compañías; además de mermar los ingresos públicos para el financiamiento de la seguridad social, hasta por 21 millones de pesos anuales.
Las principales afectaciones de esta práctica son:
- nula estabilidad en el empleo
- no se respeta la antigüedad laboral
- falta de acceso a créditos de vivienda
- registro ante el IMSS con salarios inferiores al real
- problemas para pensionarse
- pérdida de servicio médico y de guarderías, y
- falta de pago de:
- reparto de utilidades
- vacaciones, y
- aguinaldo
Para las autoridades, la repercusión no es únicamente para los trabajadores, toda vez que las empresas se enfrentan a una competencia desleal, porque cuando algunas de ellas actúan de mala fe obtienen grandes beneficios económicos.
No obstante, el riesgo para los empresarios involucrados en este tipo de prácticas es que sus trabajadores los demanden y les realicen revisiones fiscales que afecten su patrimonio.
Para el gobierno la consecuencia es la baja recaudación de ingresos, con lo que se dificulta cumplir con los requerimientos de los ciudadanos en los servicios de salud, pensiones y vivienda.
Por ello, las acciones que implementará este grupo de trabajo, para proteger los derechos de los trabajadores y regularizar a las empresas son:
- inspecciones laborales, a través de la STPS
- revisiones fiscales a cargo del IMSS, Infonavit y SAT
- aplicación de medidas financieras por parte de la UIF
apoyo a la regularización de los patrones reales para su regularización ante el IMSS e Infonavit, y
aplicación de sanciones ejemplares e incluso por defraudación fiscal, mediante la PFF
Si bien estos mecanismos se implementaron desde septiembre de 2019, y que gracias a ellos al 31 de diciembre de ese mismo año, se detectaron 1,200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, con un total de 862,489 trabajadores afectados, su meta para 2020 es generar acciones sobre estas empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes correspondientes
Adicionalmente, la STPS concluyó los primeros siete operativos especiales de inspección de empresas con esquemas de subcontratación ilegal en los sectores hotelero, servicios de informática, farmacéutico, call center, minería y producción de alimentos; en los que se detectaron 10,000 trabajadores subcontratados a través de 36 empresas subcontratistas.
Con la implementación de estas acciones y mientras se resuelve la aprobación de la reforma en materia de subcontratación, los empresarios deberán tomar precauciones respecto a su forma de contratar al personal, para evitar contingencias que pongan en riesgo el patrimonio y nombre de su negociación.
