Los notarios son profesionales en derecho investidos de fe púbica por el Estado que tienen a su cargo recibir, interpretar, redactar y sustentar de forma legal la voluntad de las personas que acuden ante él, así como de conferir la autenticidad y certeza jurídica de los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de instrumentos públicos de su autoría.
También pueden actuar como auxiliares de la administración de justicia como consejeros, árbitros o asesores internacionales (art. 44, Ley del Notariado para la Ciudad de México –LNCM–).
El hecho de que estén dotados de fe pública implica que se toman como ciertos los documentos que expiden, salvo prueba en contrario, (art. 27, LNCM).
Su actividad está circunscrita al ámbito territorial de la entidad a la que fue asignado, y no podrán ejercer sus funciones ni establecer sus oficinas fuera de los límites de este. Los actos que se celebren en su presencia pueden referirse a cualquier otro lugar, siempre que se firmen las escrituras o actas correspondientes por las partes, dentro de su territorio de adscripción (art. 35, LNCM).
Según el artículo 34 de la LNCM están facultados para realizar contratos de diversa índole, tales como: transmisión de propiedades, formación de sociedades, elaboración de poderes, donación de órganos, certificación de copias de documentos como copia fiel de los originales, constitución de fideicomisos, además de que brindan apoyo en el cálculo y entero de impuestos y derechos, testifican y autentican, firman y sellan documentos legales, tramitan declaraciones juradas, testifican hechos y los asientan en las actas correspondientes.
De igual forma, son mediadores o conciliadores, resuelven consultas objetivamente y son consultores extranjeros y emiten los dictámenes respectivos, todo en materia jurídica.
Muchas personas llegan a confundir las atribuciones de los notarios y las de los corredores públicos; sin embargo, estos últimos solo conocen de instrumentos legales de derecho mercantil, además de que son peritos valuadores y árbitros en esa materia.
Al tener fe pública, los documentos que expiden los notarios tienen pleno valor probatorio, y por ende, las autoridades judiciales y administrativas los aceptan como válidos; por ejemplo, cuando presencian hechos, los asientan en actas que posteriormente firman, para dotarlas de validez.
En el ámbito laboral cuando un colaborador demanda su reinstalación, y después de que se llevó a cabo el juicio, la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva determina mediante un laudo que sea reincorporado, se puede solicitar que un notario presencie la diligencia correspondiente en la empresa.
Esto porque en muchas ocasiones cuando el trabajador es reinstalado, después de que se retira el actuario encargado de asentar el acta correspondiente, él también hace lo propio. De ahí que si el notario asentó esos hechos en un acta, la misma se puede hacer valer en la defensa del juicio y ofrecerla como prueba, en caso de que el subordinado vuelva a demandar a su patrón.
También es útil contar con los servicios de un notario en los juicios laborales en que se ofrecen como prueba documentos importantes, en cuyo caso, se exhiben copias certificadas de los mismos, las cuales hacen las veces de los originales.
Otra de las funciones del notario se visualiza en la firma de poderes otorgados para representación ante la autoridad laboral.
De igual modo, puede ser de utilidad que funja como testigo al momento de entregar el aviso rescisorio a algún subordinado, para que de esa forma quede asentado en el acta correspondiente, y en caso de que exista una demanda por despido injustificado, dicha acta se anexe al aviso rescisorio, al estar elaborada y firmada por notario público, hará prueba plena en un juicio laboral.
Como se observa es recomendable emplear los servicios de estos profesionistas cuando se desee tener documentos dotados de fe pública para hacerlos valer en los juicios laborales.
