Priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que la reactivación productiva y del empleo post crisis de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) sea segura y saludable, es fundamental y requerirá una gestión participativa de la seguridad y salud laboral, aseguraron la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva publicación conjunta.
Según el documento "Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)", la implementación de las políticas para la reactivación requerirá de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y salud para los actores del mundo del trabajo.
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“Para ello son necesarios recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su cumplimiento, y deben incluir buenas prácticas como la puesta en marcha de un protocolo de salud y seguridad en el trabajo que incluya inducción al personal, la adopción de horarios de entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones, rutinas de desinfección y sistema de lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas, y un protocolo en caso de que algún trabajador presente síntomas”, aseveró.
Asimismo, advirtió que de prolongarse la crisis por más tiempo, será necesario una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas, con un foco especial en grupos vulnerables como los migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente al COVID-19.
CEPAL y OIT destacaron que la pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo, con consecuencias en el sector formal (reducción de horas, caída de salarios y despidos) e informal (caída de empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, menor acceso a compensaciones de ingreso.
Asimismo, señalaron que las mujeres trabajadoras son las más vulnerables y sectores intensivos en mano de obra como el turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente afectados. Además, las Micro y Pequeñas Empresas concentran 46,6% del total del empleo en la región y tienen alto riesgo de experimentar quiebras.
Ambos funcionarios de las Naciones Unidas afirmaron que la crisis está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes con el fin de ir hacia una “normalidad mejor”.
“Las políticas para la recuperación deben apuntar no solo a una ‘nueva normalidad’ similar a la anterior, sino a una ‘normalidad mejor’ con mayor formalidad, equidad y diálogo social”, indicaron Bárcena y Pinheiro.
“Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. De allí que la CEPAL ha propuesto un ingreso básico de emergencia (IBE) por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Esto supondría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020” recalcó.
En este ámbito, el objetivo estratégico de largo plazo es la implementación gradual de un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e innovadores de financiamiento, añade la Comisión.
El informe reiteró que es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como lo señala la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, en paralelo a las políticas laborales se requiere un sistema de protección social basado en un enfoque de derechos, sensible a las diferencias, con políticas universales, redistributivas y solidarias.
