IDC le extiende una cordial invitación a nuestro seminario presencial Cómo prepararse para la atención de conciliación y demandas de trabajadores en el nuevo sistema de justicia laboral, que se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2022. En esta liga puede consultar el temario e inscribirse en este enlace si así lo desea.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) dependientes del poder ejecutivo fueron creadas como órganos tripartitos —representantes de los obreros, de los patrones, y del gobierno— para dirimir los conflictos laborales.
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Durante su funcionamiento han sido susceptibles a diversas críticas, siendo una de las principales, que, al no depender del poder judicial, no gozan de una autonomía plena, y sus resoluciones pueden estar al servicio del Estado o de los intereses que lo afecten, tal y como lo apuntó el doctrinario Néstor De Buen Lozano en su obra Derecho del Trabajo (del 2004).
Por ello, múltiples especialistas apuntaban la necesidad de que los conflictos laborales fuesen resueltos por el poder judicial, pero fue hasta la reforma constitucional de 2017 y legal de 2019 que se decidió dar ese giro, sobre todo, por los compromisos adquiridos por México en el plano comercial internacional.
Esta transición fue planeada en tres etapas: la primera comenzó el 18 de noviembre de 2020 en ocho entidades; la segunda el 3 de noviembre de 2021, en 13 estados; y por último el 3 de octubre de 2022, en las 11 entidades restantes.
Consecuentemente, a partir del 3 de octubre del presente año, todos los conflictos en materia laboral deberán tramitarse bajo el nuevo procedimiento de justicia laboral, teniendo presente que es obligatorio agotar la etapa conciliatoria ante un Centro de Conciliación Laboral —salvo las excepciones legales—, y en caso de no llegar a ningún arreglo, iniciar el juicio en los Tribunales Laborales competentes.
Se espera que los juicios se resuelvan en menor tiempo, dándole mayor peso a la conciliación, y con ello, exista una verdadera justicia laboral pronta y expedita, por lo que las empresas no deben ser ajenas a ella, y así eviten juicios que pueden afectar su patrimonio y distraerlos de su objetivo principal: generar negocios.
