El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) publicó un “Análisis Económico Ejecutivo” sobre los riesgos inherentes a la reducción de la jornada laboral.
El estudio enfatiza que la institución ha advertido con anterioridad que la implementación de una jornada de 40 horas semanales podría acarrear repercusiones considerables para el sector empresarial, en particular para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), cuya competitividad se ha visto ya menoscabada por el aumento en los costos laborales.
Puntos clave del estudio
Estado actual e impacto para las empresas en caso de aprobarse la ley
Hoy en día, aproximadamente el 60 % de los trabajadores remunerados -no agrícolas- que cuentan con prestaciones sociales laboran más de 40 horas semanales, lo cual implica un elevado costo para las empresas formales ante un potencial cambio en la jornada laboral.
En caso de que se apruebe la ley de reducción de jornada, las empresas deberán ajustarse mediante diversas estrategias, tales como el pago de horas extras, el uso de contratos alternativos o la realización de nuevas contrataciones.
Mantener el ritmo de actividad actual acarrearía un impacto considerable en la sostenibilidad empresarial. De lo contrario, se reducirían las actividades, afectando la economía agregada, generando un posible exceso de demanda y, en general, incidiendo negativamente en el crecimiento económico y el empleo.
La magnitud del impacto variará en función de las decisiones empresariales, pero el costo de contratación se verá significativamente afectado. Por ejemplo, una empresa con empleados que laboran 48 horas semanales y que optara por pagar horas extras para mantener dicho ritmo enfrentaría un incremento en el costo laboral que podría alcanzar el 36 %, siendo aún mayor si las horas extras aumentaran.
Contratar nuevo personal para cubrir la reducción de la jornada laboral podría ser menos costoso (aproximadamente 22 %), pero aun así generaría un impacto considerable. Es importante recordar que más del 60 % de los trabajadores laboran más de 40 horas semanales.
La implementación de una jornada laboral reducida presenta desafíos significativos, especialmente para las MiPyMEs, debido a la posible elevación de los costos operativos. Si bien existen estrategias para mitigar estos incrementos, su aplicabilidad se ve limitada en el caso de las empresas de menor tamaño.
Adicionalmente a la reducción de la jornada, las empresas han absorbido otros aumentos en sus costos laborales, incluyendo el salario mínimo, las contribuciones derivadas de la reforma de pensiones de 2021 y la ampliación del periodo vacacional.
Este panorama desfavorable incentiva la informalidad y perjudica la productividad y la competitividad de la economía nacional.
Es importante señalar que el sector privado no se opone a la mejora de las condiciones laborales. No obstante, la productividad permanece estancada y la competitividad nacional no experimenta avances debido a factores como la corrupción, la inseguridad, la violencia, las deficiencias en los sistemas de educación y salud, y la desaparición de organismos que promovían la transparencia y la competencia. La falta de progreso en estos ámbitos dificulta la reducción de los costos operativos empresariales y el aumento de su eficiencia.
En el contexto actual, las empresas se ven compelidas a disminuir sus operaciones y costos, lo cual repercute negativamente en el empleo formal y el bienestar de los hogares. Los datos recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evidencian una disminución en el número de patrones registrados, lo que afecta directamente la cantidad de trabajadores afiliados.
Para el CEESP, es importante enfatizar que, aunque el gobierno no genera empleos directamente, debe crear un entorno favorable para que las empresas creen trabajos de calidad, la forma más eficaz de mejorar la situación de los hogares y erradicar la pobreza de manera sostenible, superando la dependencia de programas asistenciales.
Además, la negativa de las autoridades a reconocer el deterioro económico, sumada a la desaceleración e incertidumbre, anticipa un mayor impacto negativo en el empleo y el bienestar.
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Datos estadísticos complementarios
Para complementar el estudio, el Centro agregó algunos datos estadísticos que son de relevancia para este análisis.
Precios al consumidor
Los precios al consumidor evidencian una persistencia a la baja, registrando un incremento general del 0.33 % en abril. Este aumento se atribuye principalmente al alza del 0.49 % en el indicador subyacente, donde los precios de las mercancías experimentaron un crecimiento del 0.69 %, el mayor incremento mensual desde enero de 2023.
En contraposición, el indicador no subyacente decreció un 0.21 %, influenciado por la reducción del 12.16 % en los precios de la electricidad, resultado de las tarifas de temporada cálida implementadas en ciertas ciudades.
Anualmente, la inflación total y la subyacente se establecieron en 3.93 %, señalando su cuarto y quinto mes consecutivo de incremento, respectivamente. La inflación no subyacente se situó en 3.76 %.
Inversión fija bruta
En febrero, la inversión fija bruta observó un modesto incremento del 0.1 %, revirtiendo así dos meses de declives. Este repunte fue impulsado fundamentalmente por el aumento del 1.7 % en la inversión en construcción, destacándose el crecimiento del 5.8 % en la edificación durante dicho mes.
Sin embargo, la inversión en maquinaria y equipo prosiguió su trayectoria descendente, contrayéndose un 1.1 %. Al comparar con el mismo mes del año previo, la inversión fija bruta mantuvo su tendencia a la baja, registrando una disminución del 6.0 %, la cual representa la sexta consecutiva.
Consumo privado
El consumo privado experimentó un incremento mensual inesperado del 1.2% en febrero, superando la estimación del INEGI de un 0.2 %. A pesar de este aumento, no fue suficiente para revertir la tendencia negativa en su comparación anual, registrando una caída del 0.7 % y sumando tres meses consecutivos de descenso.
Actividad económica
La economía en declive obstaculiza la generación de puestos de trabajo formales. La incertidumbre económica y los incrementados costos laborales inducen a la prudencia en la contratación y a un reciente aumento en la disminución del número de empleadores.
De acuerdo con datos recientes del IMSS, en abril se observó una reducción de 26,420 empleadores en comparación con el año precedente, lo cual repercute en el registro de trabajadores.
Nuevos empleos con base en nuevas afiliaciones al IMSS
En abril, los trabajadores asegurados al IMSS disminuyeron en 47,442, sumando 22.4 millones. De enero a abril, solo se crearon 179,289 nuevos empleos, la mitad del aumento del año anterior. El crecimiento interanual de asegurados fue de apenas 0.2 %, el menor desde abril de 2021.
