Fraude laboral: iniciativa sanciona empleos falsos online

Se propuso una pena de cinco a diez años de prisión y de trescientas a ochocientas UMAs de multa para quienes publiquen, difundan o promuevan ofertas de empleo falsas o fraudulentas a través de medios electrónicos. Esto busca proteger a las personas de engaños que pongan en riesgo su seguridad, datos personales o patrimonio.

De acuerdo con un comunicado, la diputada del PRI, Ofelia Socorro Jasso Nieto, propuso añadir el artículo 387 Bis al Código Penal Federal, con el fin de sancionar a quienes publiquen ofertas de empleo falsas o anuncios laborales fraudulentos a través de plataformas digitales.

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¿En qué consistirían las penas?

Se propuso que las penas por publicar, difundir o promover ofertas de empleo falsas a través de internet, redes sociales, plataformas digitales, servicios de mensajería instantánea o cualquier otro medio electrónico, sea de cinco a diez años de prisión y de trescientas a ochocientas Unidades de Medida y Actualización (UMAs) de multa , es decir, de $33,942 a $90,512 pesos -según el valor actualizado de la UMA al 9 de septiembre de 2025-.

Esta iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, busca combatir los anuncios laborales fraudulentos que ponen en riesgo la seguridad, los datos personales o el patrimonio de quienes buscan empleo, al intentar engañarlos.

¿Cuáles son las razones detrás de la propuesta?

La evolución de las tecnologías de la información y comunicación transformó el mercado laboral, facilitando el acceso a ofertas de empleo mediante plataformas digitales y redes sociales. Sin embargo, este entorno fue y seguirá siendo aprovechado para el fraude laboral, afectando a quienes buscan empleo legítimamente.

El fraude se manifiesta a través de anuncios falsos, páginas web apócrifas, suplantación de empresas reconocidas y mensajes con promesas de empleo inmediato sin requisitos. 

Estas estafas, que circulan masivamente en redes sociales, no solo vulneran la confianza, sino que generan inseguridad, especialmente entre jóvenes, mujeres, desempleados, migrantes y personas en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el comunicado.

Asimismo, las estafas comunes incluyen la solicitud de dinero para entrevistas, agilizar procesos o emitir contratos falsos. El fin último de estas ofertas fraudulentas suele ser la recolección de datos personales, cuentas bancarias o información sensible, utilizada posteriormente para otros fraudes o actividades delictivas.

La creciente incidencia de estos casos y la limitada capacidad institucional para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos, evidenció la necesidad de reforzar el marco jurídico. Por ello, acorde con el comunicado, se destacó la importancia de crear un tipo penal específico que sancione la publicación de anuncios fraudulentos en sitios web con la intención de engañar y cometer delitos.

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