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2026-01-20
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La iniciativa busca elevar la protección de niñas, niños y adolescentes, prohibiendo trabajos peligrosos y ajustando jornadas
La Cámara de Diputados recibió una
iniciativa de reforma constitucional para fortalecer la protección de niñas,
niños y adolescentes frente al trabajo infantil, particularmente en actividades
peligrosas, insalubres o nocturnas, así como para establecer con mayor claridad
los límites de edad y de jornada laboral permitidos en México.
La propuesta fue presentada por el
diputado Ricardo Madrid Pérez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
plantea modificar las fracciones II y III del apartado A del artículo 123 de la
Constitución, con el propósito de prohibir de manera expresa que menores de 18
años sean contratadas en labores peligrosas o insalubres en trabajos nocturnos de todos los sectores, así como en cualquier actividad que, por su naturaleza o
condiciones pueda dañar su desarrollo integral.
¿Cuál es el problema que busca
atender la iniciativa?
De acuerdo con la exposición de
motivos, el marco constitucional vigente mantiene un umbral de protección
inferior al que establece la Convención sobre los Derechos del Niño en su
artículo 32 y C138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual
establece lo siguientes:
Artículo 32. Los estados parte
reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social.
C138. Se dispone que la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo, fijada por los estados miembro no
deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o, en todo
caso, a quince años (…) artículo 3 se establece que la edad mínima de admisión
a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que
se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad
de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años.
¿Qué cambios plantea la
reforma?
La propuesta constitucional
incorpora tres ajustes centrales:
Prohibir a personas menores de 18
años las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno en todos los sectores
y cualquier actividad que pueda afectar su desarrollo integral.
Mantener la prohibición absoluta
de contratar a menores de 15 años.
Establecer que quienes ya
alcanzaron la edad mínima de admisión al trabajo y sean menores de 18 años solo
puedan laborar en jornadas máximas de seis horas diarias y 36 semanales, sin
horas extraordinarias, en actividades no peligrosas ni insalubres, con estricta
protección a su salud, seguridad, moralidad y desarrollo integral.
¿Qué sí permite hoy la
Constitución sobre el trabajo de menores?
El artículo 123 constitucional, en
su texto vigente, reconoce que:
Está prohibido emplear a menores
de 15 años.
Los mayores de 15 y menores de 16
solo pueden laborar hasta seis horas.
Se prohíben las labores insalubres
o peligrosas y el trabajo nocturno industrial para menores de 16 años.
¿Cuál es la dimensión del trabajo
infantil en México?
La propuesta se apoya en datos
oficiales de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del INEGI, donde
resalta que en México residen 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5
a 17 años, de los cuales 3.7 millones se encontraban en condición de trabajo
infantil. De ese total, 60.2% son niños y 39.8% niñas.
Por grupos de edad, el mayor
porcentaje está dentro del grupo de 15 a 17 años, con 48.9%, le siguió la
población de 10 a 14 años, con 40.4% y, por último, la de 5 a 9 años, con
10.8%.
La proporción de niñas en trabajo
infantil fue ligeramente mayor a la de niños en los grupos de menor edad. De
las niñas ocupadas, 12.5%tenía de 5 a 9
años; 42% de 10 a 14 años y 45.5% de 15 a 17 años. Por su parte, dicha
proporción fue mayor en los niños de 15 a 17 años, con 51% y menor en los
grupos de 10 a 14, con 39.3% y de 5 a 9 años, con 9.6%.
Actualmente, la iniciativa se
encuentra en comisiones para su análisis y posterior votación. Su discusión se
da en un contexto donde los datos muestran que millones de niñas, niños y
adolescentes aún trabajan en México en condiciones que la propia Constitución
y los tratados internacionales consideran no permitidas.