La contratación de servicios especializados se convirtió en uno de los puntos más vigilados por las autoridades laborales y fiscales en México. Desde la reforma en materia de subcontratación de 2021, la verificación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) dejó de ser una buena práctica para convertirse en una obligación legal. Es por ello, que omitir este paso puede implicar sanciones económicas severas y riesgos que comprometen la continuidad del negocio.
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con el IMSS, el SAT y el Infonavit, realizaron más de 3,000 acciones de inspección en materia de outsourcing, imponiendo multas por más de 27 millones de pesos a empresas que incumplen la legislación vigente.
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¿Cuál es la multa por contratar sin REPSE?
La Ley Federal del Trabajo prevé sanciones para las empresas que contraten servicios especializados con proveedores que no cuenten con registro vigente en el REPSE. Estas multas van de 2,000 a 50,000 veces la UMA, lo que puede representar montos de 234,000 hasta 5 millones 865,500 pesos para 2026.
En este sentido, el presidente de la AMECH, Francisco Martínez Domene, advirtió que omitir la verificación del registro no es un error menor
“Cualquier empresa interesada en contratar un Proveedor de Servicios Especializados u Obras Especializadas debe verificar, antes de firmar un contrato, que dicho proveedor cuente con registro vigente en el REPSE”, mencionó.
Además de la multa directa, la
contratación irregular puede abrir la puerta a revisiones integrales en materia
laboral, fiscal y de seguridad social.
¿Por qué el REPSE es obligatorio?
El REPSE es el mecanismo mediante el cual la STPS valida que una empresa está autorizada para prestar servicios especializados u obras especializadas. Este registro confirma que el proveedor cumple con requisitos legales y que sus servicios no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante. Es decir, se busca evitar la simulación de actividades que profesionistas padecían durante el Outsourcing, el cual los registraban con un puesto e ingreso no vinculado a sus actividades reales a la empresa subcontratante.
De acuerdo con AMECH, la verificación del REPSE es un paso básico de control que puede realizarse de manera pública. No hacerlo expone a la empresa contratante a sanciones económicas, pero también a contingencias más profundas.
“Más allá de las multas, contratar proveedores no certificados o sin procesos adecuados de evaluación puede derivar en litigios, cancelación de contratos, auditorías fiscales, pérdida de reputación y desconfianza por parte de clientes, inversionistas y colaboradores”, mencionó Francisco Martínez.
Responsabilidad solidaria: el riesgo más allá de la multa
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la figura de responsabilidad solidaria. Si el proveedor de servicios especializados incumple con sus obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social, la empresa contratante puede ser considerada responsable directa frente a los trabajadores involucrados.
Por ello, la legislación exige que el proveedor entregue periódicamente documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones.
- Comprobantes fiscales (CFDI) de nómina de los trabajadores utilizados
- Declaraciones y pagos de retenciones de ISR por salarios
- Comprobantes de pago de cuotas al IMSS y aportaciones al Infonavit
- Declaraciones y pagos de IVA correspondientes al periodo facturado
La ausencia de esta información no solo incrementa el riesgo de sanciones, sino que puede provocar la pérdida del derecho a deducir el gasto o acreditar el IVA, con impactos financieros inmediatos.
¿Qué pasa si el servicio no es realmente especializado?
La legislación menciona que los servicios especializados no deben formar parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa contratante. Cuando esto no se cumple, los pagos realizados al proveedor pueden carecer de efectos fiscales, sin perjuicio de las multas que pueden alcanzar montos millonarios.
A esto se suman obligaciones informativas ante IMSS, Infonavit y SAT, cuyo incumplimiento también genera sanciones económicas relevantes.
Contratar sin REPSE: una mala decisión estratégica
Para la AMECH, el contexto actual de fiscalización obliga a las empresas a cambiar su enfoque. Ya no se trata solo de cumplir la ley, sino de proteger la operación.
“En un contexto donde la transparencia y el cumplimiento son valores clave, una mala decisión en la cadena de suministro puede tener consecuencias duraderas”, subrayó.
En este nuevo entorno laboral, verificar el REPSE antes de firmar un contrato no es un trámite administrativo más. Es una medida de control que puede marcar la diferencia entre una relación comercial segura y una contingencia que comprometa seriamente el negocio.
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