El pasado 22 de febrero la legisladora Pilar Ortega Martínez del PAN presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa en materia del sistema judicial laboral con la que se pretende modificar la LSS.
Uno de los cambios más relevantes que se intenta realizar es la enmienda al artículo 295 de la LSS. Actualmente dicho numeral prevé que las controversias entre los trabajadores y el IMSS se resuelva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las que resulten entre los patrones y el Instituto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
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En el documento dicho numeral precisa que: “las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios; los patrones y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Laborales”.
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Esto quiere decir que las diferencias de los trabajadores y los patrones frente al Seguro Social se resolverían ante los tribunales laborales (sin especificarse si son federales o locales).
Como se aprecia la redacción de la propuesta es desafortunada porque prevé cómo se dirimirían las controversias sobre las prestaciones que la LSS brinda, a las cuales solo tienen derechos los trabajadores, los pensionados y los beneficiarios de estos; y no así los patrones, por lo que no tendrían porque acudir a los tribunales laborales.
Lo que debería señalar la disposición es que cuando los patrones impugnen algún acto de molestia por parte del IMSS lo hagan ante los nuevos o preexistentes tribunales federales y no quitarles esa posibilidad tal y como se pretende.
