Se estima que, entre 2035 y 2040, el total de obligaciones pensionarias alcanzará su máximo; se calcula que en 2035 ascenderán a 1.2 billones de pesos, cifra equivalente al 20.1% del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 2018 y más de una tercera parte de los recursos del gobierno federal, vertidos en la Ley de Ingresos de este año.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, destaca que a pesar de que la reforma al esquema pensionario, normado en la Ley del Seguro Social, el costo de transición aún muestra una tendencia creciente.
En el documento “Gasto en Pensiones y su Perspectiva de Largo Plazo”, el CEFP aclara que dicho monto no es el total del gasto en pensiones, pues hay otros esquemas de beneficio definido, “de los que no se cuenta con información para realizar alguna estimación, ni conocer su flujo de obligaciones, pero que demandan recursos, ya sea para fondearlos o hacer frente a sus compromisos no fondeados en el pasado”.
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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el trabajador promedio obtendrá como pensión un monto equivalente al 26% de su último salario; esto es, al momento de pensionarse, los ingresos con los que contará para enfrentar sus gastos, serán de poco más de una cuarta parte de los que tenía al estar activo.
El Centro de Estudios precisa que aunque se ha optado por migrar del esquema de retiro de beneficio definido al de cuentas individuales como un medio para liberar presión a las finanzas públicas por el gasto, es importante valorar si este esquema otorgará pensiones suficientes para que los adultos mayores puedan hacer frente a sus gastos básicos y si no representará en el futuro una presión a las finanzas públicas.
Argumenta que de mantenerse las condiciones actuales, las personas cotizantes al IMSS, cuyo salario base de cotización sea menor a cinco salarios mínimos (en 2017 representaron el 78.9% de los cotizantes) muy probablemente obtendrán, como pensión, la mínima garantizada, lo que implica una erogación de recursos del gobierno federal para hacerles frente.
