El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, ordenó una auditoría interna en la institución para deslindar responsabilidades respecto al caso de viviendas adjudicadas por el organismo vía juicios presuntamente ilegales que hicieron que varios derechohabientes se quedaran sin hogar en diversas partes del país.
En entrevista, Martínez Velázquez indicó que además de la auditoría, y con el fin de saber exactamente qué fue lo que ocurrió, también ordenó suspender los procesos de subasta de vivienda recuperada, los cuales fueron muy activos durante la administración del anterior director, David Penchyna Grub, mismos que tenían la finalidad de reinsertar en el mercado las casas que el instituto recuperaba por créditos que en su momento no se pudieron pagar.
“De manera preventiva ya solicité al comité de auditoría interna del Consejo de Administración se hiciera una investigación respecto a lo que haya pasado, la solicité en diciembre mismo (y estoy) esperando resultados y en la medida de que tenga más claro qué está pasando ya diremos alguna resolución”, explicó Martínez Velázquez, quien ha sido enfático en que su dirección al frente de la hipotecaria del Estado se enfocará a la austeridad y el combate a la corrupción, tal y como lo ha planteado el gobierno actual.
“Además —añadió— anuncié la suspensión de los ejercicios de subasta de vivienda adjudicada, entonces al suspender eso también nos da la oportunidad de analizar el resto de la cadena en esa materia”.
Aunque el asunto de los juicios presuntamente ilegales que despojaron de su vivienda a varias personas tomó relevancia en diciembre pasado, cuando se ordenó la suspensión de jueces de Nayarit y Coahuila presuntamente involucrados en estos actos, éste se ha denunciado desde hace varios años por diversas organizaciones civiles.
De acuerdo con información en diversas entidades de la República, principalmente en Coahuila y Nayarit, el supuesto fraude que pudo afectar a miles de derechohabientes, y en el cual también se ha señalado a exfuncionarios del instituto, se basó en juicios que se entablaron en contra de derechohabientes, sin que éstos hayan sido informados de ello y con el fallo en su contra con el fin de despojarlos de sus viviendas.
Cuestionado sobre si existía la probabilidad de que algunas de las viviendas que se recuperaron vía estos juicios pudieron haberse colocado dentro de los procesos de subasta de casas recuperadas de la administración anterior, Martínez Velázquez se limitó a responder que el tema está en análisis y enfatizó que el actuar del instituto en ningún momento debe vulnerar los derechos humanos de los derechohabientes.
“Hay que entender y ser conscientes de que nuestras acciones nunca pueden vulnerar los derechos humanos de los trabajadores, entonces tenemos que tener este estudio que es bien importante y ahorita hemos hecho estas dos acciones (ordenar la auditoría y suspensión de los procesos de subasta)”, comentó el director de la hipotecaria más grande del país.
De acuerdo con información del mismo instituto, tan sólo en el año anterior en sus cuatro procesos de subasta de vivienda recuperada y colocada con desarrolladores, para que éstos la reinserten en el mercado, se colocaron 20,687 viviendas, que significaron ingresos al organismo por 2,700 millones de pesos.
El director del Infonavit expuso que además de dicha investigación interna, el instituto está dispuesto a colaborar tanto en las investigaciones locales como en las que realice la Fiscalía General de la República al respecto.
El reto
Esta situación podría tener un impacto para el Infonavit, pues los perjudicados podrían iniciar acciones legales en caso de que se encuentren irregularidades en sus procesos, lo que significaría gastos para el organismo.
A septiembre pasado, el Infonavit contaba con 87,241 procesos por demandas promovidas en su contra por diversos motivos, para las cuales el organismo había realizado reservas del orden de los 303 millones de pesos por el riesgo legal que esto representa.
Aunque la auditoría arroje que funcionarios o extrabajadores del mismo instituto estuviesen relacionados con esta problemática, el asunto no sería nuevo, pues desde el 2016 el organismo ha iniciado 16 sanciones administrativas contra personal de la misma institución por diferentes irregularidades, que en algunos casos han significado destituciones.
Los resultados se darán a conocer en abril
Ajustará metas para el 2019
Aunque el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) había proyectado que para el 2019 entregaría 527,796 financiamientos, de los cuales 377,796 serían hipotecarios y 150,000 para mejora y remodelación, la nueva dirección del organismo indicó que dichas metas se ajustarán y las nuevas perspectivas se informarán en abril próximo.
En entrevista, Carlos Martínez Velázquez, director de esta institución, indicó que conforme al ciclo de planeación del organismo, el Infonavit ya había presentado su plan para el 2019; sin embargo, éste no fue elaborado por la actual dirección del instituto sino por la anterior, lo que significa que no se tiene en cuenta la nueva visión del mismo ni otros factores que pudieron influir en dichas perspectivas.
“(El plan anterior) se aprobó antes de que yo llegara, entonces durante la transición se hizo un ciclo de planeación sin tener en cuenta la nueva realidad de lo que significaba el nuevo gobierno, ni tener en cuenta los nuevos datos de las estimaciones macroeconómicas del país”, explicó Martínez Velázquez, quien tomó posesión en diciembre anterior.
A pesar de esto, el director de la hipotecaria del Estado indicó que posiblemente las nuevas estimaciones no varíen mucho respecto a las que se habían informado en su plan financiero, pero aclaró que se tomarían en cuenta nuevos datos, como el aumento en el salario mínimo o el tema de la inflación, para realizar metas más precisas.
“Nos regiremos en este primer trimestre por lo que viene en ese plan, porque además el consejo nos mandata que tenemos que seguir el plan, pero sí adelantamos que habrá una actualización en abril y que responde sobre todo a tratar de normalizar los datos de la economía nacional”, mencionó el funcionario.
Más financiamiento
De acuerdo con datos preliminares, el instituto habría cerrado el 2018 con un remanente de operación cercano a 90,000 millones de pesos, que darán margen a la actual administración para fortalecer programas para atender de mejor manera a trabajadores de menos ingresos en el 2019.
En este contexto, Martínez Velázquez acotó que se buscará dar prioridad a esquemas como el de construcción de vivienda en terreno propio. “La nueva visión de la administración es atender la demanda de los trabajadores, entender qué quieren y a partir de ahí diseñar líneas de financiamiento, lo que creemos y estimamos hacia el futuro es tener financiamiento más fuerte para que los trabajadores que tienen un terreno propio puedan construir ahí”.
