Luego de que 30 países, entre 1981 y 2014, privatizaron sus sistemas de pensiones público obligatorios para garantizar la sostenibilidad de los mismos ante el crecimiento de la población envejecida, en 2018, más de la mitad de esos Estados (18) revirtieron tal decisión por los efectos negativos que provocó.
"El argumento principal era que los sistemas públicos de pensiones eran insostenibles, ineficientes y generaban presiones fiscales muy grandes", afirmó el coautor del informe, la reversión de la privatización de las pensiones: aspectos clave" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fabio Durán-Valverde.
LEE: ¿SUBIRÁN APORTACIONES Y EDAD DE RETIRO?
De acuerdo con el documento las consecuencias de este sistema fueron:
- tasas de cobertura estancadas o disminuidas
- niveles de beneficios deteriorados, pues las tasas de reemplazo no cumplen las normas internacionales
- aumento de la desigualdad de género y de los ingresos, se suprimieron los componentes redistributivos de los sistemas de seguridad social, por lo tanto quienes interrumpieron su carrera por maternidad o cuidado del hogar logran un nivel bajo de ahorro y perciben pensiones exiguas, lo que da lugar a mayores desigualdades
- más presiones fiscales, los costos de transición fueron más altas de lo previsto, lo que generó una crisis fiscal, inaceptable para muchos gobiernos, especialmente porque estas y la sostenibilidad financiera eran el principal motor de la reforma
- altos costos administrativos, las Afore deben financiar muchos gastos generales que no existen en los sistemas públicos, como las comisiones por gestión de inversiones, custodia, garantía, entre otros, que causan reducciones en los activos acumulados para las cuentas individuales
- captura de la regulación y la supervisión, los organismos atienden a intereses económicos de lo mismo que vigila y aunque la OIT destaca que esta función es deficiente en cualquiera de los modelos, en la privatización los nexos entre política e instituciones financieras termina por nulificar la tarea
- concentración del mercado de seguros
- riesgos asumidos por los individuos, los trabajadores y jubilados son quienes asumen los riesgos de inversión, longevidad e inflación, con lo que en algunos países el Estado tuvo que intervenir para asegurar la pensión mínima
- deterioro del diálogo social, aumento la desconfianza en la reforma se desplomó tras la caída de las tasas de reemplazo, lo que la deslegitimizó
"Después de tres décadas de la privatización de las pensiones vemos que los resultados no son o no parecen ser tan favorables como se esperaba”, indicó el experto.
En el informe, el organismo expuso, que las naciones que revirtieron el modelo empresarial, tuvieron mayores niveles de beneficios en la mayoría de los casos "hubo un gran aumento de las tasas de reemplazo y se han introducido pensiones solidarias no contributivas en la mayoría de los países".
Asimismo subrayó que los fondos transferidos mejoraron la situación fiscal de los gobiernos, lo que puso fin a las presiones creadas por los costos del cambio anterior y redujo la deuda.
Se volvieron a introducir las contribuciones de los empleadores y "se fortalecieron los principios de solidaridad y participación de todos los actores social en el financiamiento".
El nuevo sistema adoptado por las naciones se basa en tres pilares: protección social, seguridad social y regímenes voluntarios.
"Con el aumento de las tasas de cobertura, la introducción y extensión de prestaciones no contributivas y mayores tasas de sustitución de los regímenes de reparto reintroducidos, el riesgo de caer en la pobreza en la vejez se ha reducido significativamente", sostuvo el especialista.
Además destacó que los gobiernos tuvieron la posibilidad de invertir en proyectos públicos de desarrollo para crear bienes públicos con efectos positivos.
"Los sistemas privados sirven siempre y cuando complementen a los sistemas públicos", señaló
En el caso de México, el especialista en protección social de la OIT en el país, Helmut Shwarzer, aclaró que la reversión de la reforma probablemente no se ha dado por la falta de estudios oficiales sobre los efectos del sistema actual, aunque la tasa de reemplazo de entre el 25% y 30%, está por debajo de las normas internacionales.
Reiteró que por ejemplo el Convenio 102 de la OIT, establece una garantía de reemplazo del 40% de salario del trabajador una vez que se retire, con una financiación colectiva entre los diferentes participantes.
