Presupuesto en salud, ¿insuficiente?

Mientras que la población total en México se incrementó en 12.8 millones, el gasto en salud se mantuvo en entre el 2.5% y el 2.9% del PIB en los últimos diez años, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Esto ha conducido a un gasto per cápita (gpc) en contracción, lo que genera que haya menos recursos disponibles para cada persona beneficiaria”, advirtió en un comunicado.

Asimismo, el organismo destacó que el nivel de gasto público en salud está por debajo de las recomendaciones internacionales y de las estimaciones con bases epidemiológicas y demográficas. Además de que los que más han avanzado hacia la cobertura universal presentan un gasto público en salud de 6% o más del producto interno.

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"Para México, las estimaciones basadas en datos demográficos y epidemiológicos del país indican que para atender 13 intervenciones, que incluyen atención materna, enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas, así como para acciones de prevención y promoción de la salud para toda la población, sería necesario destinar, al menos, 5 puntos porcentuales del PIB”, según datos del estudio.

Asimismo evidenció que el presupuesto destinado a los subsistemas de salud que atenderían a la población sin seguridad social no está alineado en términos presupuestarios con la reciente iniciativa de creación del INSABI.

“En el PPEF 2020 no se proponen recursos adicionales que cubran el impacto presupuestario de esta iniciativa” subrayó.

Aunque el CIEP reconoció que a brecha de gpc entre las instituciones de seguridad social, como el IMSS y el ISSSTE, y las que brindan atención a la población sin seguridad social, como Seguro Popular e IMSS Bienestar se redujo, evidenció que esta reducción se debe a que el gpc en todos los subsistemas se contrajo.

Por último, puntualizó que aumentar el acceso efectivo y disminuir las desigualdades entre los diferentes subsistemas de salud requiere de un mejor ejercicio del gasto, pero también, necesariamente, de un incremento en la prioridad presupuestaria que se le da a los subsistemas que se encargan específicamente de atender a la población más vulnerable.