De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) serán 80,000 personas las que alcancen una jubilación en 2022, de estas, siete de cada diez no acumularán las 1,250 semanas de cotización necesarias para poder acceder, cuando menos, a una pensión mínima garantizada.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez destacó que el Índice Global de Pensiones elaborado por la consultora Mercer, para 2019 el sistema mexicano ocupó el lugar 33 de 37 países analizados, pues en términos de adecuación, sostenibilidad e integridad, se observaron debilidades y omisiones trascendentes y visibles en variables como los beneficios para los ciudadanos, la fragilidad en relación con el soporte fiscal, la cobertura limitada, la gobernanza comprometida y los costos operativos complicados.
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Relató que otros fenómenos directamente relacionados que tampoco son traducidos en beneficios dentro del sistema de pensiones, están las altas tasas de empleo informal en el país y la todavía baja participación de las mujeres en la población económicamente activa.
De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el sistema de seguridad social en México está fragmentado, lo que impide un manejo adecuado de la cobertura previsional porque hay más de 1,000 programas de pensiones contributivas y no contributivas en las entidades federativas, sin conexiones y con sistemas de información inapropiados; hay diversos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y se generan instancias que no permiten disminuir los posibles impactos de cada cambio en el sistema.
El titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Noriega Curtis, destacó que en la medida en que se tenga un plan de protección social que dé seguridad social y que sea sostenible en el tiempo, se podrá decir que “hemos cumplido con nuestro objetivo; no obstante, el bono demográfico está agotado; es decir, el número de trabajadores en activo vino creciendo, ya está estancado y próximamente va a disminuir”.
Añadió que el problema de los estados no es exclusivo de ellos, sino de la Federación. “Los gobiernos estatales tienen muy pocas fuentes de ingreso propio para resolver su problema de pensiones”.
El reto, dijo, es lograr una reforma que cumpla con los objetivos de dar elementos para tener una edad de retiro tranquila y en términos de los ingresos, tener un sistema de pensiones que contribuya al desarrollo del país, principalmente, la portabilidad.
Resaltó que hay 15 institutos estatales que cuentan con viabilidad, pero únicamente tres tienen a largo plazo; seis a mediano; 18, no tienen viabilidad y dos de las cuales, se pagan con gasto corriente y no tienen instituto y, cuatro están directamente en el ISSSTE. Aguascalientes está fondeado más allá del año 2100; Guanajuato, hasta 2081, y Michoacán, al 2035.
En el ámbito estatal, precisó, se han hecho 43 reformas en los sistemas locales entre los años 2001 y 2020, “esto refleja el interés permanente por ir atacando los problemas de sostenibilidad financiera de los estados”. Afirmó que los subsidios para este objetivo irán incrementándose, por ello, se debe atacar el problema, pues los trabajadores en activo “no están soportando lo que se requiere para el pago de las pensiones de los ya jubilados”.
La vicepresidenta-analista de la agencia calificadora Moody´s, Roxana Muñoz, resaltó que la responsabilidad del pago de pensiones corresponde a los estados, pero la presión financiera no se queda en el sistema de la entidad, sino también en la de los municipios y de las universidades públicas; por ello, pugnó por reformas estructurales para mejorar la situación de pensiones de los estados las cuales sean transparentes.
