Economía de cuidado, ¿a cargo del Estado?
Transferir parte del trabajo de cuidado de los hogares a la esfera pública contribuiría no sólo a la reducción de las desigualdades sino también a la creación de empleos remunerados
Seguridad Social
En noviembre de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen donde se garantiza el derecho al cuidado digno por parte del Estado, lo que conlleva la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Este sistema garantizaría el cuidado en sus dimensiones económica, social, política, cultural y biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos.
De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), el presupuesto público identificado para el cuidado es de 24,039.8 millones de pesos (mdp) en 2021, equivalente a 0.4% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 0.1% del Producto Interno Bruto.
"Estos recursos se han reducido en los últimos cinco años, disminuyendo 34.4% de 2017 a 20212. En 2017, el gasto destinado al cuidado fue de 36 mil 658.4 mdp, que representó 0.14% del PIB", destacó.
Por otro lado advirtió que el gasto público que actualmente se destina al cuidado a nivel federal atiende principalmente a la niñez. "Los servicios que se brindan son ofrecidos en mayor medida por el IMSS y el ISSSTE. Por lo tanto, el acceso a estos servicios está asociado con la afiliación de las madres y padres a alguna de estas instituciones".
En ese sentido señaló que no hay gasto destinado exclusivamente al cuidado de las personas adultas mayores, enfermas y discapacitadas. Para 2021, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas otorgadas a esta población equivale a 4.8% del PIB; sin embargo, no existe condición ni garantía de que alguna parte de estas pensiones se dirija a la compensación de servicios de cuidado.
Por lo anterior, destacó que es necesario que el diseño de un SNC incluya a hijas e hijos de personas afiliadas y no afiliadas en un sistema de seguridad social, así como a las personas adultas mayores, enfermas y discapacitadas para garantizar el derecho universal a cuidar y ser cuidado.
Asimismo, puntualizó que dado que la mayoría de las personas dedicadas al cuidado son mujeres y trabajan de forma no remunerada, transferir parte del trabajo de cuidado de los hogares a la esfera pública contribuiría no sólo a la reducción de las desigualdades que genera la división sexual del trabajo de cuidado, sino también a la creación de empleos remunerados por el trabajo de cuidado. Queda como extensión de este trabajo el análisis del mercado laboral en el trabajo de cuidados, así como de la eficiencia y eficacia de los programas presupuestarios que hasta ahora se han dedicado al cuidado.