Un impuesto fronterizo del 15%, como propusieron algunos legisladores republicanos a fin de proteger al sector manufacturero de Estados Unidos, costaría a las automotrices estadunidenses 22,000 millones de dólares al año, según un estudio.
Elaborado por la consultoría Boston Consulting Group (BCG), el reporte destacó que el impuesto fronterizo podría causar un daño severo a la industria automotriz en Estados Unidos, además de que no lograría su objetivo de revertir la tendencia de firmas estadunidenses a fabricar fuera del país.
Además la amenaza del presidente Donald Trump de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que parece ya descartada, implicaría un arancel de 20% sobre importaciones mexicanas, lo que aumentaría en 650 dólares el precio de los autos en Estados Unidos.
Ninguna de tales decisiones “lograrían su objetivo de revertir la tendencia de la fabricación en el extranjero en países de bajo costo y podrían potencialmente perjudicar a la industria automovilística estadunidense”, apuntó el análisis.
“La vitalidad en el sector de los vehículos de motor depende de una cadena de suministro globalmente integrada”, señaló Xavier Mosquet, socio de BCG en Detroit.
Mosquet añadió que de introducir nuevos aranceles, un impuesto en la frontera o el retiro del TLCAN impedirían en gran medida el flujo relativamente estable y rentable de bienes a través de las fronteras de Norteamérica y en todo el mundo”.
Sin embargo, ese impuesto de 15% significaría que los fabricantes de automóviles y los proveedores estadunidenses pagarían 34,000 millones en impuestos de importación anualmente, mientras que obtendrían tan solo 12,000 millones en beneficios de exportación.
Esto se traduciría en un aumento promedio de mil dolares en los costos de fabricación por vehículo para los 12 principales fabricantes de automóviles en Estados Unidos. Si el impuesto fuera de 20% el costo agregado por vehículo sería de 1,800 dólares.
El informe encontró que debido a los más altos precios de producción y de venta final, los consumidores adquirirían menos vehículos, así como modelos más sencillos, lo que terminaría afectando el empleo en el sector automotriz.
BCG calculó que entre el 3% y el 5% de los empleos en las fábricas proveedoras estadunidenses, es decir, entre 20,000 y 45,000 puestos de trabajo, podrían verse afectados por esta situación.