El Reino Unido y la Comisión Europea plasmaron los términos de la separación relativos a la factura del Brexit, los derechos de los expatriados y la frontera en la isla de Irlanda.
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El texto señala que desde la fecha de retirada, los expatriados residentes podrán seguir trabajando y estudiando allí donde viven; mantendrán sus derechos sanitarios, de jubilación y de acceso a prestaciones sociales; asimismo, las familias tendrán el derecho de reunirse con un titular de un permiso de residencia y sus hijos tendrán ese derecho incluso si nacen tras el Brexit.
Respecto al tema de “la cuestión Irlandesa”, Londres se comprometió a que no se instale de nuevo una frontera física, denominada "dura" en el texto, entre la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, incluyendo "cualquier infraestructura sólida" o "controles".
Por otra parte, prevé que Reino Unido continúe abonando sus contribuciones previstas en el presupuesto de la UE hasta 2020 incluido, pese a que la retirada está prevista para el 29 de marzo de 2019.
Tras este período, Londres deberá seguir respondiendo a los compromisos financieros vinculados a presupuestos anteriores, pero aún no abonados.
En caso de diferendos, los tribunales británicos serán los encargados de resolverlos, aunque "deberán tener en cuenta" la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), al que "podrán" plantear cuestiones sobre interpretación de la legislación durante ocho años.
Sin embargo, la UE consideró que ese período de 8 años será suficiente para desarrollar suficiente jurisprudencia con el fin de que los tribunales británicos ya no necesiten al TJUE.
“Una nueva "autoridad nacional independiente" velará además en Reino Unido por el respeto de los compromisos” aseguraron.
Aunque el texto "podría ser la base del acuerdo de retirada" final de Reino Unido, prevista el 29 de marzo de 2019, según el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, todavía hay flecos por cerrar.
