El Servicio de Administración Tributaria (SAT) removió a los administradores de las aduanas de Manzanillo y Pantaco, esta última ubicada en la Ciudad de México, debido a actos de corrupción.
A través de sus redes sociales, Margarita Ríos-Farjat, jefa del órgano recaudador, informó que por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizó dicha acción, sin dar mayores detalles sobre los motivos.
“Por instrucción del presidente de la República, fueron desvinculados los administradores de las aduanas de Manzanillo y México (Pantaco), y del área de inteligencia aduanera. Asimismo, inició la intervención de la de Manzanillo por parte de funcionarios del SAT”, refirió la titular del fisco en Twitter.
En el caso de la aduana de Pantaco, ubicada en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México, quien se desempeñaba aún la semana pasada como administrador era Erwin Lindirman Loyola.
En tanto, en la aduana de Manzanillo, quien ocupaba el cargo de administrador era Margarito Martín Salgaña, señalado, en diferentes ocasiones, por actos de corrupción.
Cabe destacar que el tema sobre la corrupción en aduanas ha sido tocado en las conferencias matutinas que lleva a cabo el Ejecutivo federal, en donde se le ha cuestionado sobre actos de corrupción en la aduana de Manzanillo.
“No tenemos por qué ocultarlo. Ya, se acabó el negocio y el contubernio en aduanas (...) una comisión del más alto nivel fue a Manzanillo y allá se enteraron de actos de corrupción. Nos informaron y ya se está procediendo, pero no sólo es ese caso”, declaró a medios el presidente en abril pasado.
Además, advirtió a los “corruptos que presenten sus renuncias”, ya que de esta manera no se haría público y la gente no se enteraría.
“Si se aferran pensando en que se van a colar, no lo van a lograr y, cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados. No tiene caso”, aseveró López Obrador.
No más corrupción
Actualmente, México cuenta con 49 aduanas en el territorio nacional y uno de sus principales retos para este sexenio es, de acuerdo con el gobierno, acabar con la corrupción que existe en éstas.
Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de Aduanas, declaró para El Economista que una de las apuestas del SAT para acabar con la corrupción en las aduanas será la tecnología.
“La corrupción es una conducta delictiva, es inherente al ser humano. La gente que decide esto aquí ha hecho, ha tenido y ha encontrado un caldo de cultivo extraordinario porque para que se dé ese tipo de circunstancias se requiere una alianza, que es un fenómeno también social, que es la impunidad. Cuando la corrupción y la impunidad se encuentran, obviamente se logran cometer otros delitos”, aseveró.
Refirió que a su llegada al cargo, en diciembre pasado, encontró un vacío tecnológico, algo que busca revertir en este sexenio a través de diferentes acciones, como la adhesión al Convenio de Kyoto Revisado, el cual solicita mayor uso de ésta.
“Si la tecnología se sigue implementando, en todos los procesos de las aduanas, poco a poco estamos quitando la discrecionalidad del hombre y con ello, vamos a eliminar la corrupción, porque hoy todavía gran parte de los procesos es susceptible de la decisión de una persona y esa decisión queda sujeta a la posibilidad de una dádiva, de un favor o una presión”, explicó.
Además, con la tecnología lograrían incrementar el comercio exterior y, por ende, la recaudación tributaria. También, darían una imagen confiable a los inversionistas extranjeros para venir a México a hacer negocios.
Más casos
Lo ocurrido en las aduanas de Manzanillo y Pantaco no es el primer caso de corrupción en las aduanas que sale a la luz en este sexenio y en donde están involucrados trabajadores del SAT.
Peralta Saucedo informó que se habían procesado a 68 personas por actos de corrupción en las aduanas, de las cuales 18 eran funcionarios del SAT que ya se encuentran fuera del órgano recaudador.
Los actos de corrupción, principalmente, se cometieron en las aduanas de Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, declaró.
Anteriormente, el administrador de aduanas precisó que quienes cometan delitos en las aduanas pueden ser acreedores de un castigo de hasta 12 años de cárcel; no obstante, precisó que buscan modificar la ley para que sean considerados como delitos graves y, de esta manera, los inculpados no tengan derecho a fianza y tengan prisión preventiva oficiosa.
Añadió que para combatir los delitos que sucedan en las aduanas, tanto de servidores públicos como de personas ajenas al gobierno, es necesario que se trabaje de la mano con otras agencias internacionales y locales.
Cambios en las aduanas
- Utilizar más la tecnología, como rayos x, para evitar la importación o exportación de mercancía ilegal.
- Adherirse al Convenio de Kyoto Revisado y lograr estar dentro de las 10 mejores aduanas a nivel mundial.
- Aumentar la recaudación que se genera en las aduanas del país.
- Lograr que la Iniciativa Privada invierta en aduanas y sus mejoras.
- Implementar el despacho conjunto en las 19 aduanas que hay en frontera.
- Ampliar el horario de las aduanas y puertos para incrementar las operaciones.
- Agilizar y facilitar los procesos en las aduanas.
- Crear el Instituto Nacional de Capacitación Aduanera y de Comercio Exterior.
FGR, de la mano de la SHCP
Se han detenido a 46 personas por delitos fiscales y financieros
La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha logrado la detención de 46 personas que cometieron delitos fiscales y financieros en lo que va de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado se dio a conocer que del 1 de diciembre del año pasado a la fecha se lograron estas detenciones, las cuales generaron una afectación al fisco por un monto aproximado de 537 millones de pesos.
“La coordinación entre ambas instituciones ha permitido el intercambio de información para cumplimentar órdenes de aprehensión de asuntos fiscales y financieros en todos los niveles y montos”, enfatizó Hacienda en su comunicado.
La dependencia destacó que, en promedio, cada tres días se logra la detención de una persona, la cual representa un monto de más de 11 millones de pesos.
Detalló que estas detenciones, correspondientes a los casos que integra la FGR y que litiga Hacienda, han derivado en su totalidad en el dictado de autos de formal prisión; autos de vinculación a procesos, y en el cumplimiento de las penas impuestas contra los inculpados, sin dar más números al respecto.
“La FGR ha reiterado al gobierno de México su compromiso con la implementación de acciones que contribuyen directamente con la aplicación del Estado de Derecho y, en particular, con el combate a la impunidad y la corrupción. Por ello, en estrecha colaboración con la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP, se han implementado estrategias para combatir frontalmente los delitos fiscales y financieros”, apuntó.
Añadió que las autoridades ministeriales y fiscales cuentan con elementos sólidos para los procesos penales correspondientes, con el fin de combatir eficientemente estos delitos.
Hacia delante, la Fiscalía y la SHCP indicaron que seguirán con la colaboración del diseño e implementación de estrategias de inteligencia, intercambio de información, integración de casos y litigio para atacar en forma directa los delitos fiscales y financieros.
En declaraciones anteriores, Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda, refirió que la evasión y elusión fiscal es un grave problema para el país, ya que afecta los ingresos públicos que, a su vez, sustentan el gasto.
“La evasión fiscal es un asunto muy grave, representa varios puntos del PIB. Si el PIB para este año será de 25 billones, cada punto representa cerca de 250,000 millones de pesos. Entonces, la evasión fiscal cuesta 1 billón de pesos”, aseveró.
Para este año, una de las principales luchas que tendrá el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Margarita Ríos-Farjat, será contra los evasores fiscales para no ver afectado el cumplimiento de la meta de recaudación de 3 billones 301,476 millones de pesos.
“Tenemos el gran reto de hacerle frente a todas las formas de sabotaje al principio constitucional que ordena que todos debemos contribuir al gasto público. Aquí no es labor de una sola institución, sino de la sociedad entera. Vamos a recrudecer y reforzar las medidas que haya que tomarse para erradicar la evasión fiscal”, comentó a El Economista a inicios de año. (Belén Saldívar).
Con información de El Economista.
