Como bien se sabe, el SAT está invitando a las empresas con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas a pagar –con actualización y recargos– los derechos adeudados desde 2015, esto, en cualquier modalidad de certificación por la cual se haya omitido la obligación –ya sea por la solicitud inicial y renovaciones– relativa.
Al respecto, las empresas con programa IMMEX certificadas en materia del IVA y del IESPS mantienen su inconformidad sobre el pago, al argumentar que este y su retroactividad es ilegal, por no aplicarles la observancia del artículo 40, inciso m) de la Ley Federal de Derechos (LFD); situación que está haciendo eco en otras instancias, como es la Cámara Alta, en donde una senadora –integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión– expuso los cobros ilegales para las empresas con programa IMMEX maquila.
Así las cosas, esta legisladora exhibió que las IMMEX no pagaban derechos por renovar su certificación, y el que ahora el SAT quiera cobrarles de manera retroactiva cuotas (que van desde los $24,506 correspondiente a 2015 hasta $29,747 para 2020) a todas las certificaciones, entre ellas, las de IVA e IESPS, es una afrenta contra este sector, máxime cuando se necesita apoyar al sector productivo.
Por lo anterior, esa Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión (con punto de acuerdo) exhortó al SAT a abstenerse de realizar cobros por derechos retroactivos a maquilas con la finalidad de obligarlas a renovar su certificación, a través de interpretaciones discrecionales de la ley y de las normas fiscales, para recaudar de manera arbitraria; incluso a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para que dentro de sus facultades se pronuncie al respecto (emita a la brevedad una recomendación y opinión colegiada sobre este respecto).
Documento de la proposición con punto de acuerdo descargable en este link.
En nuestra edición 471 –de fecha de portada 15 de septiembre de 2020– podrá consultarse el tema del “Pago de derechos por empresas certificadas” y las cuestiones sobre su exigencia y legalidad.
