La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que obtuvo un criterio jurisdiccional relevante en materia aduanera, mediante el cual se declaró ilegal un embargo precautorio practicado sobre un vehículo previamente regularizado conforme al Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
El embargo se realizó pese a que el vehículo estaba regularizado
El caso se originó cuando una persona contribuyente intentó abordar el ferry en el puerto de Pichilingue, Baja California Sur, a bordo de un vehículo que había sido regularizado mediante el decreto publicado por el Ejecutivo Federal, vigente desde 2022.
La autoridad aduanera levantó un acta de embargo precautorio e inició un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), argumentando que la persona no contaba con la documentación que acreditara la legal estancia del automóvil en territorio nacional, al considerar que el vehículo no se encontraba físicamente en el país antes del 19 de octubre de 2021.
El vehículo fue decomisado y posteriormente adjudicado al fisco federal, además de imponerse un crédito fiscal por 165 mil pesos que incluía impuestos, multas, recargos y actualizaciones.
ÚNETE A IDC en nuestro canal de Whatsapp
El Tribunal Federal consideró que la autoridad actuó fuera de la ley
Durante el juicio contencioso administrativo, la persona afectada alegó que el procedimiento de regularización se realizó en términos del decreto vigente, con registro ante el Registro Público Vehicular (Repuve) y la emisión de la constancia de inscripción con dispositivo electrónico.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió que la autoridad actuó de manera indebida, ya que los documentos emitidos por el Repuve y la Agencia Nacional de Aduanas de México constituyen prueba plena de la legal estancia del vehículo en el país.
El órgano jurisdiccional sostuvo que el decreto establece que, una vez enviado el expediente al Repuve y expedida la constancia de registro, la importación se considera acreditada.
“Al haber expedido válidamente una resolución favorable, la autoridad quedó vinculada a sus efectos, por lo que el posterior embargo resulta ilegal”, indica el criterio Jurisdiccional 30/2025 del Comité Técnico de Normatividad (CTN).
La autoridad no puede desconocer sus propios actos
El Órgano Jurisdiccional determinó que la autoridad no podía desconocer la validez de los actos administrativos que ella misma emitió en este caso, la regularización y el registro del vehículo, ya que hacerlo violaría los principios de seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima.
Además, subrayó que, si la autoridad consideraba que el trámite de regularización no cumplía los requisitos del decreto, debió negar la inscripción en su momento o promover el medio de control correspondiente, no revertir la resolución mediante un nuevo procedimiento sancionador.
En consecuencia, se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y ordenó la devolución del vehículo a la persona contribuyente.
Criterio firme y precedente de defensa para contribuyentes
El criterio, aprobado en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad de Prodecon (30 de octubre de 2025), quedó identificado como Criterio Jurisdiccional 30/2025. Su emisión refuerza el principio de legalidad en los procedimientos aduaneros y reconoce el valor jurídico de la regularización vehicular cuando ésta se completó conforme al decreto y al artículo 18 del Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular.
En este sentido, es importante mencionar que el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2022, establece que para acceder al beneficio los propietarios deben acreditar, entre otros aspectos:
- Que el vehículo se encuentre en territorio nacional antes del 19 de octubre de 2021 al momento de la solicitud de regularización, en alguno de las siguientes entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
- Que su número de identificación vehicular (NIV) corresponda a una fabricación o ensamble en países como México, Estados Unidos o Canadá.
- Que no sea un vehículo de lujo, deportivo ni blindado.
- Que no cuente con reporte de robo vigente en México o en el extranjero.
- Que se pague el aprovechamiento correspondiente de 2,500 pesos.
- Que el trámite se realice ante el Registro Público Vehicular (Repuve), quien emite la constancia con dispositivo electrónico que acredita la importación y la legal estancia en el país.
Es por ello, que el órgano jurisdiccional constató que todos estos requisitos fueron satisfechos y que la constancia emitida por el Repuve surtió plenos efectos legales. Por tanto, determinó que el embargo precautorio resultaba violatorio del decreto y de los principios de seguridad jurídica.
