SAT, ¿persigue el lavado de dinero?

Desde que entró en vigor la LFPIORPI el SAT tiene registradas 72,647 actividades vulnerables

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 .  (Foto: iStock)

A casi cuatro años de la entrada en vigor de esta legislación, el SAT encontró “indicios” de lavado de dinero en 60 casos durante ese periodo, aunque “tampoco quiere decir que en esos 60 casos sean de lavado de dinero, porque yo (el SAT) no soy la autoridad que lo va a sancionar, ni el que lo va a castigar”, el administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Joel Díaz Pérez.

Aclaró que la función del SAT es prevenir el lavado de dinero a través de obtener información de la persona que realiza alguna actividad vulnerable, y dar a conocer estos datos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario precisó que de las supervisiones que realiza, el SAT encontró “indicios” de lavado de dinero en 60 casos, información que entregó  a las autoridades competentes y será un juez federal el que determine si son casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“La tarea del SAT no es perseguir el lavado, es encontrar información y dársela a un tercero para que haga su tarea, y si hasta hoy en mi supervisión he encontrado 60 indicios que podrían dar pauta a una investigación”, agregó.

Díaz Pérez apuntó que los 64,468 sujetos obligados con la “Ley antilavado” identificados por el SAT a la fecha, 28% son omisos totales y 23% son omisos parciales, lo que implica que 49% cumple con los requerimientos de la legislación.

“Ha sido una tarea exitosa, creemos en el SAT no solo por lo novedoso del tema, sino porque en el SAT estamos comprometidos también con la sociedad, también es nuestra tarea protegerla en este tema”, subrayó.

El funcionario señaló que desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la legislación, al 31 de mayo de 2017, se tienen registradas 72,647 actividades vulnerables.

Además informó que las sanciones administrativas que se aplican por el incumplimiento de la “Ley antilavado” van desde 15,098 pesos hasta cuatro millones 906, 850 pesos, por cada acto u operación registrada, aunque también puede haber penas de prisión.