De acuerdo al ministro Eduardo Medina, es necesario generar nuevos estándares de revisión y definir el alcance de las atribuciones frente a los nuevos actores
La justicia constitucional está en un momento crucial para el país, pues tiene el reto de definir las condiciones de aplicación de las reformas estructurales y sus parámetros de operación, a fin de dar viabilidad a estas, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora.
BLOQUEO DE CUENTAS INCONSTITUCIONAL: SCJN
Explicó que tras las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, competencia económica, educación y energía, se encara el reto de determinar "el alcance de las normas regulatorias emitidas por los organismos constitucionales autónomos".
Al rendir el informe de labores de la Segunda Sala, señaló que los jueces constitucionales deben preguntarse y definir el alcance de sus atribuciones frente a los nuevos actores y sus funciones.
“Nuestro tiempo como jueces implica que enfrentemos realidades distintas y complejas, las cuales deben ser atendidas con mucha cautela, pero sobre todo con la firme convicción de que no somos infalibles y que nuestro quehacer jurisdiccional debe partir de cierta prudencia”, por lo que se deben generar nuevos estándares de revisión, en los que se module “el grado de injerencia que la justicia constitucional podrá tener respecto de definiciones de política pública y parámetros técnicos”.
Apuntó que ante las nuevas realidades y problemas jurídicos será necesario revisar los principios básicos de división de poderes y derecho administrativo, tal como el de legalidad, de reserva de ley y de subordinación jerárquica; mientras se generan las nuevas categorías técnico-jurídicas que permitan el cumplimiento de los postulados constitucionales en estas materias.
Finalmente refirió que en el periodo se ingresaron a la Segunda Sala 4,287 asuntos, dando como total de 5,476 controversias; sin embargo, resaltó que los asuntos relevantes fueron relativos a las facultades legislativas en el ámbito regulatorio de las telecomunicaciones, conocido como “tarifa cero”, multas, bloqueo de páginas de Internet y libertad de expresión.
