En tan solo una hora, los diputados avalaron en lo genera y particular, con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, el proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Seguridad Interior, la cual pasará al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El dictamen a la minuta de la Ley de Seguridad Interior elaborado por las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos Segunda, fue aprobado en la mañana del 15 de diciembre por el Senado, y devuelto a la Cámara baja, con las modificaciones correspondientes.
La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como crear las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en esta materia.
LEE: LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, ¿VIOLENTA DERECHOS HUMANOS?
Cambios a la Ley avalados
Las comisiones dictaminadoras presentaron al Pleno un juicio técnico con 9 modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, mismos que fueron aprobados.
Entre ellas se agregó que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
Así como la precisión de que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”, de acuerdo con el artículo 8o.
En el artículo 21, se estableció que los grupos interinstitucionales que coordinen los militares estarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley y a las disposiciones que rigen al Ejército y a la Marina, a fin de evitar la inconstitucionalidad de funciones que correspondan directamente a la autoridad civil, y en todo caso, señalar que las Fuerzas Armadas actúan como coadyuvante de la autoridad civil y bajo su coordinación.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, senador Fernando Torres Graciano del afirmó que la resolución resultó luego de un “largo proceso que por años permitió su discusión y escuchar las voces que están a favor y en contra; no se dio en fast track y se atendió a organizaciones civiles, organismos internacionales en materia de derechos humanos, a la SEDENA, gobernadores y presidentes municipales”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Benjamín Robles manifestó que la ley potenciará el uso indiscriminado de las fuerzas armadas, debido a que se puede prorrogar su presencia en las entidades, y pone en riesgo al país ante una posible militarización.
Los senadores Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Manuel Bartlett Díaz y Rabindranath Salazar Solorio, del PT; Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron votos particulares, al determinar que la normalización de la presencia de las Fuerzas Armadas realizando labores de prevención del delito y de seguridad pública provocará que las policías estatales y municipales sigan en un franco proceso de debilitamiento, pues se verán desplazadas en muchas regiones del país por la presencia de los militares.
