Este 3 de enero, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en inglés) publicó en su sitio el Reporte de Evaluación Mutua de México, mismo que fue aprobado en su sesión plenaria el 2 de noviembre de 2017.
Según el comunicado conjunto de la SHCP y la Procuraduría General de la República (PGR), el documento reconoce mejoras significativas en comparación al 2008, año de la última evaluación efectuada en nuestro país. Ahora se cuenta con un régimen de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional desarrollado.
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Se admite la labor que llevan a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP (UIF) y la PGR, pues tienen un buen conocimiento para enfrentar los riesgos que implica el lavado de dinero. El reporte es elaborado por el Fondo Monetario Internacional, conforme a las recomendaciones de 2012 y a la metodología de 2013, ambas de GAFI.
Se destaca la actividad de los supervisores del sector financiero -la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)-, que entienden los riesgos de su sector y han implementado una supervisión adecuada.
Como resultado del proceso de evaluación, la GAFI determina el tipo de seguimiento que se dará a cada país, pudiendo ser regular o intensificado. El país puede ser incluido en un listado hecho por el Grupo Revisor de Cooperación Internacional que clasifica las jurisdicciones calificadas como de alto riesgo. México no forma parte de esa lista, pero su proceso de seguimiento será intensificado, como lo están naciones como Estados Unidos de América, Canadá, Australia, entre otros.
Se resalta el marco legal mexicano referente a la cooperación internacional e intercambio de información con otras naciones. Se precisa que para hacer frente a riesgos existen áreas de oportunidad en las que se debe intensificar las investigaciones, el decomiso de bienes ilícitos, distribución de recursos y supervisión de actividades vulnerables no financieras. Se debe tener una mayor capacitación para las autoridades relevantes y la identificación y acceso a la información de los beneficiarios finales de activos.
Se contemplan las medidas implementadas en nuestro país durante la visita del equipo evaluador que fue del 28 de febrero al 26 de marzo de 2017.
Finalmente en la página de GAFI se precisa que el país afronta riesgos significativos de lavado de dinero provenientes de actividades asociadas con el crimen organizado, como narcotráfico, extorsión y evasión fiscal. Igualmente, se destaca la labor de inteligencia de la UIF pero se indica que no siempre este conlleva a una investigación en concreto. Se contempla la falta de sanciones efectivas y disuasivas.
