La protección de datos personales sensibles resulta de vital importancia para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las víctimas, y con ello evitar que sean objeto de “revictimización”, aseveró el comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón.
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Explicó que “hace un par de años una víctima de trata de personas vio su identidad expuesta, tras su denuncia sufrió represalias por parte de la familia del tratante; además, el que se diera a conocer su identidad, complicó enormemente la reconstrucción de su proyecto de vida”; es decir, las personas que ya fueron objeto de un delito grave o de una violación a sus derechos humanos y al no haberles garantizado la protección de sus datos personales fueron nuevamente victimizadas.
Por su parte, la investigadora del Centro de Investigación e Innovación en Tecnología de la Información (INFOTEC), Olivia Andrea Mendoza, afirmó que no se puede hablar de una sociedad democrática si no se garantiza la libertad de expresión y la salvaguarda del derecho a la protección de datos, lo cual “no puede significar poner obstáculos para ejercer derechos, como el derecho a la verdad, al acceso a la información y en algunos casos el derecho a la justicia, o sea, no puede ser un pretexto, para eso puede servir la ponderación y la resolución de casos de manera casuística”.
Asimismo, el director del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática (GECTI) del Observatorio Ciro Angarita Barón, Nelson Remolina Angarita, sostuvo que el tratamiento inadecuado de los datos sensibles puede provocar que las personas sean objeto de discriminación y implicar riesgos graves, como la pérdida de la vida, por lo que exhortó a los responsables a reforzar las medidas de seguridad.
En ese sentido, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, hizo un llamado a todas las instituciones que conforman el Estado mexicano para unir fuerzas en el combate al tráfico de bases de datos personales clandestinas.
“Hoy aquí, juntos, proclamamos una actitud republicana de conciencia cívica y política, para unir nuestras fuerzas institucionales, toda la representación del Estado en su conjunto, para erradicar y combatir, poco a poco, este flagelo que hace que nuestro país sea visto todavía como un paraíso de bases de datos clandestinas”, enfatizó.
Refirió que en el país existen 9,000 sujetos obligados y 33 órganos garantes que “juntos, deben unir esfuerzos para darle valor y carácter a una gran cruzada nacional por la protección del ciudadano y su intimidad”.
Finalmente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, resaltó que “al impartir justicia, el máximo tribunal constitucional del país, concreta una efectiva regulación de la protección de los datos personales y el ejercicio de los derechos ARCO, definiendo parámetros referenciales en torno a la intimidad y la vida privada”.
Finalmente, el subsecretario de la Función Pública, Eber Omar Betanzos Torres, indicó que la dependencia que representa y el INAI capacitarán a las personas que integran la Administración Pública Federal sobre las políticas públicas proactivas para salvaguarda de datos personales.
