La percepción de corrupción en México empeoró en el sexenio de Enrique Peña Nieto; de acuerdo con el “Índice de Percepción de la Corrupción”, el país arrancó 2012 con 34 puntos en su evaluación (escala de 0 a 100, donde cero es la evaluación del país considerado más corrupto); sin embargo, en los últimos años debido a las constantes denuncias que tuvieron varios funcionarios del actual gobierno y la falta de instrumentos reales para combatir este mal desencadenaron una idea aún más negativa.
La calificación que posee el país bajó un punto en su comparación anual, pasando de 30 a 29, lo que ubicó a México en el lugar número 135 de los 180 países evaluados en materia anticorrupción y aún más grave se convirtió en el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay.
En el continente, México se ubicó por arriba solo de cuatro naciones: Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.
En ese sentido la organización Transparencia Mexicana indicó que estos resultados ponen de manifiesto que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción.
“De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el 6° lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad”, precisó el organismo.
Asimismo emitió una serie de recomendaciones para que México pueda combatir ese mal:
1) Asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional.
2) Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”.
3) Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.
4) Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
