México se encuentra dentro de los únicos tres países de América Latina y el Caribe que apuestan por la digitalización de trámites, junto con Uruguay y Brasil, destacó el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).
En el estudio “Fin del trámite eterno: Ciudadanos, burocracia y gobierno digital” destacó que en la región centro y sur del continente americano todavía hay poca inversión para ofrecer servicios públicos en línea, y el resultado de ello es que los ciudadanos, las empresas y la administración pública pierden tiempo, dinero y productividad.
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Ello ocasiona que completar un solo trámite lleve en promedio 5.4 horas y en algunos países tarda más de 11 horas, por lo que refirió que realizar trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma digital.
Lo anterior, de acuerdo con el organismo, afecta principalmente a las persones de menores ingresos, ya que tienen menos flexibilidad laboral y pierden ingresos cuando tienen que pasar horas en fila para ejecutar un trámite, además de que 30% de los ciudadanos de este sector reporta haber pagado alguna vez un soborno para ejecutar un trámite, frente al 25% de las personas de mayores ingresos.
Aunado a lo anterior, las complicaciones de los trámites presenciales afectan a la población vulnerable pues les obstaculizan el acceso a los programas y beneficios sociales del gobierno.
De manera específica, los obstáculos a la digitalización de los servicios incluyen el hecho de que solo 66% de las personas tiene suscripción a banda ancha móvil y 11% a banda ancha fija, mientras que 40% tiene tarjeta de débito para hacer pagos en línea.
Por su parte, los trámites digitales se demoran 74% menos, cuestan mucho menos y reducen la incidencia de corrupción.
Sin embargo, el BID puntualizó que la utilización de plataformas para la relación con el gobierno es en general difícil de realizar, incluso para las personas con altos niveles educativos: 40% de los encuestados reportó que no tuvo éxito en su último intento de hacer un procedimiento en línea; ello aunado al poco esfuerzo del gobierno para conocer la experiencia ciudadana, pues solo seis países de la región analizan de manera sistemática los casos no exitosos de ciudadanos que trataron de hacer un trámite en línea y no lo concluyeron.
