Es importante recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue creado con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 en dicha materia y se le daría sustento a esta con toda la legislación aplicable. Por otra parte, el 18 de julio de 2016 se publicaron en el DOF las leyes secundarias que dieron vida a dicho sistema.
El SNA coordina a actores sociales y autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, investigar y sancionar la corrupción; para ponerlo en marcha fue necesario crear, reformar y abrogar diversos ordenamientos jurídicos, tales como las leyes:
- General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA)
- Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA)
- General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)
- Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)
- de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF)
- Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR), y
- Código Penal Federal (CPF)
Se otorgó el término hasta antes del 18 de julio de 2017 para que los congresos locales implementaran el Sistema Local Anticorrupción (SLA) por mandato constitucional.
El año pasado se creo el programa semáforo anticorrupción que orquestaron el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Coparmex, igualmente diseñaron la Ley Modelo para los SLA (LSLA); el citado programa es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y su implementación.
Este determina el avance del estado en cuanto a la reforma constitucional o alguna iniciativa y si se tiene una estructura adecuada con los 10 criterios emitidos por las referidas instituciones.
La última actualización se presentó en febrero del año pasado, apuntaba que 11 estados ya tenían la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus SLA.
Campeche, Chihuahua y Tabasco permanecían sin ningún trabajo para iniciar la construcción de sus SLA y Morelos fue el que destacó por su avance de una reforma deficiente a satisfactoria.
Frente a las recientes elecciones de 2018 y derivado de propuestas de los candidatos, se está ante la incertidumbre de saber si el SNA será desechado, si se debilita su implementación o si funcionará adecuadamente, ya que hasta el momento se comenta que solo el 78 % de las entidades lo han implementado.
Asimismo la Coparmex señaló que no se han visto avances durante este año porque aún está pendiente la aprobación de los formatos para declaraciones de los funcionarios por parte del Comité Coordinador del SNA. Todavía se siguen utilizando los formatos con estructura antigua y limitada que no van en coordinación con los avances legislativos hasta el momento.
Por último, los estados que aún no cumplen con la estructura operativa son Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Morelos, Nuevo León y Tlaxcala; en cuanto al marco jurídico la mayoría ya cumplen casi en un 100 %.
