Se buscará atacar las barreras para identificar al beneficiario final; se actuará con la ley para no entorpecer investigaciones.
Para este 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá un presupuesto de 176 millones 560,000 pesos, es decir, un recorte en términos reales de 19.2% respecto a lo que se le asignó para el 2018, que fueron 211 millones 423,000 pesos; sin embargo, su titular Santiago Nieto Castillo destacó que esto no demeritará el trabajo de la unidad para combatir el lavado de dinero.
Cuestionado por este medio sobre si dicho recorte afectaría la operatividad de esta unidad, que es una de las piezas clave en el país para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Nieto Castillo acotó que a pesar de esta disminución, se tendrá que ser más eficiente en la operatividad de la misma para presentar resultados de forma inmediata.
“Hay un recorte, pero debo ser muy claro (...) sí vamos a ser eficientes con los recursos que tenemos, además, el recorte que tuvo la UIF se debió a que no hubo un ejercicio de (una parte) del gasto durante el 2018”, comentó Nieto Castillo.
La UIF es la unidad responsable en coadyuvar en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y su tarea es recibir información de operaciones financieras y actividades vulnerables y analizarla para poder determinar si se trata de blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo.
“Se tiene —añadió Nieto Castillo— la idea de eficientar los sistemas de naturaleza informática, el objetivo es apegarse a la política de austeridad gubernamental, para poder disminuir los costos en la operación, pero teniendo mejores resultados para la ciudadanía”.
Combatir la estructura financiera de las organizaciones criminales es una de las prioridades del gobierno actual, por lo que la UIF ya prepara una reestructura en su operación para dar los resultados que se esperan de dicha unidad.
Uno de los cambios para este 2019, respecto al 2018, dentro de la UIF, es que la mayor parte de su presupuesto irá para gastos de operación. En el año anterior, del presupuesto inicial asignado a dicha unidad, poco más de 51% fue para servicios personales y 49% para gastos de operación, pero para este año, 53% de los recursos asignados será para la operatividad de la misma y 47% para servicios personales.
Será más visible
Desde los primeros días de esta administración, se informó de algunas denuncias interpuestas por la UIF por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, algo atípico respecto a la exposición que tuvo la unidad durante la anterior administración.
Ante ello, Santiago Nieto acotó que uno de los principios que regirá a esta unidad en este gobierno será el de máxima publicidad; sin embargo, todo en apego a la ley para no entorpecer las investigaciones.
“Creemos en el principio de máxima publicidad, por tanto, en el derecho de acceso a la información pública como uno de los mecanismos para fortalecer el sistema democrático (...) se publicarán boletines de prensa cuando se presenten denuncias, cuando se haga congelamiento de cuentas y reportes respecto a los casos que estén siendo investigados por la UIF”, acotó el funcionario.
Identificar beneficiario final
Nieto Castillo se dijo consciente de que hay áreas de oportunidad en el marco normativo para reforzar la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el fin de atender las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a México en su última evaluación dada a conocer a inicios del 2018.
En dicha evaluación, el GAFI indicó que una de las deficiencias de México es que se identifica al beneficiario final de una sociedad de manera limitada. “El marco legal e institucional es particularmente sólido respecto de la tipificación del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la inteligencia financiera, pero menos respecto de las medidas preventivas clave, incluida la identificación de los beneficiarios finales”, señaló el reporte.
Para Nieto Castillo, esto es una oportunidad para fortalecer el marco regulatorio y así poder atacar también la corrupción: “Se requiere una reforma para poder vincular la información que tiene la Secretaría de Economía con la información que tienen los notarios y poder determinar cuáles son las modificaciones que se realizan en las sociedades de carácter mercantil, respecto a socios o personas asociadas, para determinar quién es el beneficiario final de ellas”.
“hoy en día —agregó— lo que reportan los notarios públicos es un modelo que nos permite ver quién constituye una sociedad de naturaleza mercantil; sin embargo, la modificación a las acciones o a su integración es algo que en este momento no se tiene”, expuso.
Asimismo, indicó que hay un área de oportunidad para fortalecer la detección del riesgo principalmente de financiamiento del terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro, que fue otro de los señalamientos del GAFI.
“Señala que en México, a pesar de tener un sistema financiero sólido (...) esto no se ha traducido en responsabilidades administrativas de naturaleza penal y en el decomiso de bienes e instrumentos del delito”.
*Con información de El Economista
