Se presentó en la Cámara de Senadores, la iniciativa para crear la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, a través de la cual el ejecutivo federal busca combatir la corrupción estableciendo un nuevo esquema de verificación y recaudación basado en la confianza y buena fe. La propuesta se sustenta en que la corrupción tiene un costo muy grande en la sociedad y la economía. Conforme al Foro Económico Mundial, existe una tendencia a la alza de desconfianza hacia las instituciones públicas como consecuencia de esta.
Se indica que para eliminar la corrupción es necesario implementar acciones tendientes a reconstruir la confianza de la ciudadanía en las dependencias de la administración, creando un ambiente de beneficio y certidumbre jurídica para los negocios.
Pormenores de la iniciativa
Plantea la creación de una ley que fomente la cultura de legalidad y confianza proveniente del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y reglamentarias; así como la presunción de buena fe, con ello se reducirá innecesarias inspecciones por parte de las autoridades, que en la mayoría de los casos propician los actos de corrupción.
Padrón único de confianza
Se propone la inscripción voluntaria y gratuita de los contribuyente al padrón único de fomento a la confianza, para enterar al Estado que han cumplido con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias y de esta forma acceder a los beneficios y facilidades administrativas que se implementen. El padrón, será un sistema de la administración pública federal, conformado con la información de los contribuyentes que voluntariamente se inscriban; y se encargará de su captura, almacenamiento, custodia, seguridad, administración y transmisión; y para su consulta se protegerán los datos personales de acuerdo con la legislación vigente.
Órgano de control
Se crea un órgano integrado por la Secretaría de Economía (SE), académicos, sectores privados y demás entidades de la administración pública federal, para la gestión y operación del padrón. Este órgano tendrá las siguientes atribuciones: acordar los beneficios y facilidades administrativas y promover la coordinación de los programas sectoriales para su otorgamiento a los contribuyentes inscritos; formular acciones para la promoción de la cultura de la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales; publicar un informe anual sobre los avances y el acatamiento de los programas sectoriales, e imponer las sanciones que se deriven de las infracciones a la ley.
Secretaría de Economía, nueva autoridad verificadora
Se otorga a la SE en coordinación con el sector privado, la facultad de verificar que los contribuyentes hayan cumplido con sus obligaciones fiscales y regulatorias, en la forma y periodicidad que determine el órgano. Como consecuencia, se organizará con las dependencias y entidades de la administración pública federal para la suspensión de las actividades de vigilancia y fiscalización que realizan los inspectores adscritos a las mismas.
Sanciones
En caso de que los contribuyentes proporcionen para el padrón información falsa, perderán su inscripción en este y no podrán ser sujetos de los beneficios y facilidades administrativas por el periodo de hasta un año. Además, serán sujetos de manera continua a los procesos de verificación que realice la SE, hasta en tanto no revaliden sus inscripción. Finalmente, la aplicación de las sanciones se hará conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA), y las resoluciones podrán ser impugnadas acorde a la misma LFPA.
Comentario final
Con esta nueva ley, el gobierno intenta frenar la corrupción y restablecer la confianza en las dependencias, aunque por sus diversos vacíos legislativos, podría no alcanzar una respuesta eficaz, ocasionando más problemas que soluciones.
Dentro de las consideraciones de la propuesta, se señala que la suspensión de las actividades de vigilancia será solo para los establecimientos comerciales y de servicio; sin embargo, a través de su artículo 1o., se abarca a las personas físicas y morales, por lo que queda la duda, si será para todas las empresas, incluidas las grandes industrias o solo para las micro, pequeñas y medianas. También, las sanciones para el caso de que no encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales y administrativas no son de gran impacto; ante ello, hay riesgo de un cambio masivo de esquema por parte de los contribuyentes para evitar los actuales castigos que van desde la pena económica hasta la responsabilidad penal.
Además, que se permita la suspensión de las revisiones que actualmente realizan las autoridades, sustituyéndolas por la fiscalización por sorteo, podría causar un abuso en la inscripción del nuevo padrón para evitar el cumplimiento de los deberes fiscales y administrativos. Por último, en caso de ser aprobado el proyecto, referente a las obligaciones fiscales, se tendrán que hacer reformas, ya que la SE no cuenta con las facultades de supervisión, porque esta función hoy está a cargo de la SHCP.
